Santiago de Chile (13 de mayo de 2021) EFE – Rosalba Quiróz, descendiente de una familia de pequeños ganaderos de Petorca, una localidad rural del centro de Chile, resiste en su pequeña casa a orillas de un cauce seco. Cuando abre el grifo apenas sale agua y contar el tiempo que pasa en la ducha se volvió un imperativo hace varios años.
Este escenario es cada vez más frecuente en el país, donde miles de hogares no disponen de agua corriente por la privatización del recurso, un tema que ha emergido con las elecciones constituyentes del 15 y 16 de mayo, en la que cientos de candidatos buscan «liberar el agua de manos privadas y garantizarla como un derecho humano».
«La poca agua que queda se la llevan los agricultores grandes, nos lo quitan todo, pero no queremos irnos del campo porque es nuestra vida», lamentó la mujer, que recibe 50 litros de agua al día en un camión aljibe, una cantidad que le ha hecho olvidarse de poder cultivar o criar algún animal.
Su hija, Pascuala, de 13 años, tiene el rostro dulce de una niña pero, al igual que el resto de los habitantes del pueblo, se ha convertido a la fuerza en una consolidada lideresa ambiental. Ella, esgrime, lleva viviendo desde que nació la paradoja de que «una fruta reciba más agua que un ser humano».
El agronegocio, que manejan en gran parte consorcios familiares de empresarios o políticos, ha llevado a que más de 3,200 casas de este municipio no tengan agua, explicó a Efe Carolina Vilches, candidata a constituyente y coordinadora de la Oficina de Asuntos Hídricos y Ambientales de Petorca.
«No puede ser que un gran productor pueda excavar pozos y quedarse con todo. Están exterminando el patrimonio campesino, es inhumano», sostuvo.
Así es como este lugar, por el que antaño discurría un caudaloso río, se ha convertido en «una tierra de contrastes»: en medio de un paisaje desolador, típico del desierto, se erigen frondosos bosques de aguacate, cultivados con el agua de la que no disponen los propios habitantes de la comunidad.
«SOLTAR EL AGUA»
De los 1,373 postulantes totales a las elecciones constituyentes, 539 respaldaron la iniciativa «Suelta el Agua» impulsada por Greenpeace Chile, por la que se comprometen a revisar el modelo de propiedad hídrica en la nueva Constitución, un clamor que se popularizó durante la crisis social que azotó el país en 2019.
Chile es uno de los países con mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que el 80 % de los recursos hídricos del país pertenecen a propietarios privados, en su mayoría empresas agrícolas, mineras y de energía.
«El acceso al agua es una de las grandes desigualdades de este país. Que se garantice para consumo humano es el mayor desafío constituyente», comentó Matías Asun, director de la ONG.
Fue precisamente la Carta Magna actual, junto con el Código de Aguas, ambos heredados de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) los que otorgaron a particulares derechos de aprovechamiento gratuitos y a perpetuidad que ahora se compran y venden en el libre mercado.
Después, ya en democracia, se privatizaron además las Sanitarias, encargadas del suministro.
El modelo no prioriza el agua para consumo humano, al contrario de lo que recomienda Naciones Unidas, y los precios son los más elevados de la región: siete de las diez ciudades de América Latina con el agua más cara están en Chile, según un estudio de la Fundación Aquae.
«A día de hoy, un 33 % de los acuíferos tienen más derechos vendidos que la cantidad de líquido que corre por su cuenca. Están vaciando todas las napas del país», lamentó Asun.
La gobernanza del agua es uno de los principales orígenes de la crisis hídrica de Chile según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y está poniendo a los pequeños agricultores «en situación de vulnerabilidad».
En cambio, un informe del centro de estudios Libertad y Desarrollo señala que el hecho de que los derechos del agua se transen libremente «ha permitido un uso más eficiente del recurso en la minería, principal industria del país.
LA PEOR SEQUÍA EN DÉCADAS
Chile vive la mayor sequía de todo el hemisferio occidental, afecta al 76 % de la población chilena y, según un estudio de la Universidad de Chile, hará disminuir las reservas de hídricas a la mitad en zona centro y norte antes de 2060.
Este fenómeno ha agravado todavía más el heterogéneo reparto del agua y para algunos expertos es la causa de que falle el modelo actual, que sí resultaría en un escenario de abundancia del recurso.
«En Petorca hay un 30 % menos de lluvia y este lugar es como una máquina del tiempo, aquí se puede ver el futuro que le espera al resto del país. Necesitamos que el Estado responda», afirmó el alcalde petorquino, Gustavo Valdenegro.
Para enfrentar la escasez, el actual Gobierno anunció en marzo un proyecto para crear un Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos y anunció una inversión de $340 millones.
Alejandro Sepúlveda, ingeniero e impulsor de la iniciativa hídrica Medidor Inteligente, señaló que es imprescindible «desarrollar infraestructura y un plan para afrontar la sequía» pero que incorporar el derecho al agua en la Carta Magna es «un buen comienzo».
«La nueva Constitución es nuestra esperanza -concluyó Quiróz- y es la oportunidad de que los más ricos le devuelvan el agua a la tierra y las personas».
