San Juan (EFE) – El Departamento de Justicia informó este miércoles que se designó un fiscal especial independiente (FEI) al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, por reclutar o contratar a dos convictos en su Municipio.
La designación del FEI se da por recomendación del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, por entender que las actuaciones del alcalde -miembro del opositor Partido Popular Democrático- podrían ser constitutivas de delito, según se explicó en un comunicado de prensa.
«Hemos acordado acoger la recomendación del Secretarlo de Justicia. En consecuencia, determinarnos la designación de un Fiscal Especial Independiente para que realice la investigación a fondo sobre los alegados hechos», establece la Resolución del Panel.
La querella de rigor que activó el proceso investigativo sobre el alcalde fue presentada por los representantes José «Memo» González Mercado y Gabriel Rodríguez Aguiló, ambos del gobernante Partido Nuevo Progresista.
Los legisladores de referencia señalaron que Ramírez Irizarry contrató a la exsenadora Maritere González López -convicta en el plano estatal- y a Edgar Cancel Zapata, convicto en el plan federal, a sabiendas de tales convicciones.
La investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia reveló que Cancel Zapata, al momento de ser nombrado para ocupar el puesto irregular de médico para el Departamento de Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, era convicto por fraude.
Además, según la investigación, Cancel Zapata se encontraba inhabilitado permanentemente para ser empleado en el municipio de Arecibo por su convicción de delito en el foro federal, entre otras cosas.
Por ello, Justicia indicó que nunca debió ser reclutado ni nombrado por el alcalde Ramírez Irizarry al puesto que ocupó y por el cual devengó un pago o desembolso que resulta ser ilegal.
Con relación al nombramiento de González López como ayudante especial del alcalde, la investigación de la DIPAC reveló que una vez fue convicta por el delito de negligencia en el cumplimiento del deber.
Por ello, el alcalde tenía el deber de iniciar un proceso de habilitación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
No obstante, la DIPAC concluyó que no es posible establecer el elemento de intención específica.
Estos hechos podrían infringir, entre otras disposiciones, violar las leyes 8-2017 para la Administración y Transformación de Recursos Humanos en el Gobierno, la 1-2012 de la Oficina de Ética Gubernamental, la 2-2018 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y el Artículo 263 del Código Penal y Municipal 2012.
El licenciado Emilio Arill García será el fiscal especial independiente que realizará la investigación a fondo, para lo cual contará con un término de 90 días.
