San Juan, 5 may (EFE) – Al límite de su resistencia y desesperados viven mucho puertorriqueños en el sur de la isla tras sufrir dos movimientos telúricos y varias replicas en el espacio de cuatro meses a los que se suma la pandemia por el COVID-19.
Ervin Quiñones, un maestro de escuela jubilado de 70 años, es un ejemplo de los miles de puertorriqueños que viven desde enero en una pesadilla de la que no se pueden despertar, agudizada el pasado sábado cuando, de nuevo, un sismo de 5.4 grados -con epicentro cercano a Ponce- hizo temblar sus casas, como relata este martes.
«La tensión es demasiada», dice resignado Quiñones, un vecino de Yauco, municipio del suroeste de Puerto Rico, el área más castigada por los temblores de tierra que golpean desde diciembre esta parte de la isla, que el pasado 7 de enero vio cómo un sismo de 6.4 grados provocó el derrumbe de viviendas, daños en estructuras y pérdidas millonarias.
CON EL CORONAVIRUS NADIE HA VUELTO PARA LAS REPARACIONES
«Después del terremoto de enero mi casa quedó afectada por grietas que tenían que ser reparadas, pero con el coronavirus todo se paró y nadie ha vuelto para hacer las reparaciones», subraya este vecino de Yauco, que recuerda que durante meses, por temor a nuevos derrumbes, el y su familia han estado durmiendo en su automóvil.
«Estuvimos durmiendo así hasta que perdimos el miedo», subraya Quiñones, para destacar que el nuevo temblor del sábado volvió a generar esa sensación de angustia de la que el y muchos de sus vecinos trataban de quitarse de encima cuando llegó el coronavirus para quedarse.
Quiñones cuenta que ahora no saben bien qué hacer ante el temor a nuevos temblores, lo que les empuja a permanecer fuera de las casas, y el miedo a poder ser contagiados por el COVID-19, que por contra aconseja mantenerse recluido.
Eneida León, un ama de casa de 75 años de la ciudad de Ponce, es otra de las personas que ha sufrido las consecuencias de los terremotos y el COVID-19 al haber quedado su vivienda parcialmente destrozada el pasado mes de enero.
«No se podía vivir en mi casa, la mitad quedó derribada y se perdió además el baño», destaca esta mujer, que reconoció haber recibido ayuda federal para la reconstrucción, un proceso parado ahora por el coronavirus.
León explica que las secuelas del terremoto le obligaron a recibir terapia psicológica para paliar la angustia que sufría, atención médica que lamenta quedó interrumpida a causa del COVID-19.
«Durante todo este tiempo temíamos un nuevo terremoto, lo que nos creó una gran angustia», relató la mujer, tras indicar que el sábado el nuevo temblor hizo temer por una situación parecida a la de enero, ansiedad sobre ansiedad a la que en nada ha contribuido el COVID-19.
El presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad de Puerto Rico, Nazario Lugo, explicó a Efe que la situación por la que atraviesa León es, lamentablemente, una habitual desde hace meses en la isla, cuando en aquel fatídico 7 de enero la tierra tembló en el sur de la isla.
CIENTOS DE FAMILIAS SIN VIVIENDA
Lugo, exdirector de la desaparecida Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, señaló que hoy, meses después de los terremotos de enero, hay cientos de familias que todavía no tienen una vivienda, una vez que perdieron la suya o quedó afectada estructuralmente.
Denuncia además que todo este proceso de recuperación quedó temporalmente suspendido a raíz del comienzo de la crisis del COVID-19 en la isla, hace más de mes y medio.
«Todo esto ha provocado un gran nivel de ansiedad entre la población», cuenta este profesional en gestionar catástrofes, que no duda en señalar que el Gobierno no ha sabido dar respuesta a esta sucesión de crisis y ha recurrido a una improvisación que pasa factura a la ciudadanía.
«El Gobierno no contó con los municipios y esto generó atraso», subraya Lugo, para quien, básicamente, el Ejecutivo liderado por Wanda Vázquez no ha dispuesto de un plan propiamente para acometer esta situación.
«Muchas personas, tras los terremotos, abandonaron sus casas y viven ahora en casetas», subraya, tras advertir que si volvieran a registrase temblores de magnitud superior al del sábado la situación se complicaría, ya que no se sabe bien cómo se gestionaría a las personas en los refugios que se habilitaran.
Lugo explica que la situación, meses después, sigue siendo preocupante, como demuestra el que, por ejemplo, debido a los daños provocados por los terremotos de enero, la alcaldía del municipio de Guyanilla tenga que gestionarse de forma temporal desde vagones, mientras que peor es el caso de Yauco, cuyo alcalde trabaja desde una cancha municipal de deportes.
Las ayudas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), de $35,000 por casa dañada, se vieron insuficientes una vez que los trabajos de demolición requieren de media cerca de $20,000, por lo que ahora los municipios trabajan en la búsqueda de fondos alternativos para ayudar a la población.
Mientras, la amenaza del COVID-19 se mantiene presente en una semana en la que se espera el «pico» de casos, que hasta el momento ha dejado 99 muertes y 1924 contagiados.
