San Juan, EFE – La Policía de Puerto Rico desarticuló este martes una red de venta de armas y drogas que era responsable de disparos constantes en el pueblo de Cayey, en el centro de la isla, sembrando el terror en la zona.
La operación encubierta, denominada «Flechazo al crimen», respondió a las quejas de ciudadanos de Cayey sobre estos disparos, según el comunicado de la Policía.
Una investigación, a cargo de agentes encubiertos del Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia, logró dar con el origen y los autores de las detonaciones.
La pesquisa culminó hoy, cuando las autoridades diligenciaron 15 órdenes de arresto contra un grupo de personas vinculadas al tráfico de armas, la venta de drogas y la comisión de crímenes violentos.
Como parte del operativo, se confiscaron 20 armas de fuego y diez vehículos.
El comisionado del Negociado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, explicó que los arrestados se dedicaban a probar las armas de fuego, realizando disparos al aire, como parte de su estrategia de mercadeo y venta ilegal a los potenciales clientes.
La operación, que requirió de una inversión de 55,706 dólares, logró destapar el «modus operandi» de estos sujetos, quienes realizaban detonaciones constantes, poniendo en riesgo la vida de vecinos y alterando la paz de comunidades enteras.
«Por espacio de seis meses, nuestros agentes trabajaron arduamente para acabar con la actividad ilícita de estos individuos y lograr las órdenes de arresto. Esta operación nos permitió recopilar evidencia sólida que estamos confiados en que resultará en la convicción de los imputados», declaró el comisionado.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, detalló que, por estos hechos, la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas formuló 62 cargos por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.
La jueza Evyanne M. Mártir Hernández, de Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa para arresto en ausencia contra los imputados y les fijó fianzas por la suma global de 2,860,000 dólares.
Según explicó el director de la Superintendencia de Operaciones Especiales, a cargo de la investigación, el coronel Carlos Cruz, nueve de los arrestados participaron en las transacciones de ventas de armas a los agentes investigadores.
Entre estos, hay siete personas con historial criminal y, dos de ellos, disfrutaban del beneficio de una probatoria en la esfera federal al momento de participar de las actividades delictivas.
Estos son Eliezer Rosado Rivera, alias «Buho» y Diego Fernández Santos. Este último, a pesar de estar cumpliendo sentencia a través de una probatoria federal por narcotráfico y violación a la Ley de Armas, se dedicaba a la venta y distribución de cocaína.
Otro de los imputados, Nelson Cotto Nevárez, está vinculado a múltiples asesinatos en Caguas y Cayey. Otro implicado en la investigación, por venta de armas, es Benjamín Hernández Pereira, quien fue asesinado en octubre del pasado año en Cayey.
