El Colegio de Abogados cuestiona los términos del proyecto de código de procedimientos y los sectores inmobiliarios reclaman agilidad
SAN JUAN, Puerto Rico
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico pidió que no se ejecute el desalojo de familias vulnerables mientras transcurre el plazo concedido a las agencias para evaluar su asistencia, durante una vista del Senado sobre el Proyecto del Senado 1435.
La medida, del senador Ángel Toledo López, crearía el Código de Procedimientos Legales Especiales de Puerto Rico. Su evaluación continuó el martes en la Comisión de lo Jurídico, que preside el legislador.
El proyecto ampliaría a 20 días el término para apelar una sentencia de desahucio. También ordenaría notificar a las agencias concernidas cuando el caso afecte a familias de probada insolvencia económica, veteranos, adultos mayores o personas con impedimentos. Esas entidades tendrían 30 días para rendir un informe al tribunal.
El Colegio respaldó ampliar el término de apelación, pero señaló que la vista y la sentencia pueden ocurrir en 20 días, antes de que venza el plazo de las agencias. Solicitó fondos para cumplir esa encomienda, consecuencias por incumplir y que la sentencia fije la fianza para apelar.
«No basta con notificar a las agencias; el Estado debe asegurarse de que su protección llegue antes que el alguacil».
El procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman, pidió que el tribunal determine preliminarmente la condición de veterano antes de ordenar la intervención de su oficina y que las notificaciones incluyan la demanda y los datos de contacto. También propuso extensiones cuando haya gestiones concretas de reubicación.
El defensor de las Personas con Impedimentos, Fernando L. Díaz Rivera, sostuvo que el informe exigido no obliga al tribunal ni detiene el lanzamiento. Añadió que la Defensoría carece de fondos, personal de trabajo social y facultades para reubicar personas.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Constructores, Pinsy Rivera Ortiz, expresó respaldo preliminar al proyecto y reclamó un procedimiento ágil, justo y razonable que también proteja el derecho de los propietarios a recuperar sus bienes.
La Asociación de Realtors se opuso a que el lanzamiento dependa del informe de una agencia. Propuso mantener en cinco días el término de apelación para el alquiler privado y reservar los 20 días para vivienda pública o subsidiada.
El proyecto sigue bajo evaluación. Además del desahucio, reúne procedimientos sobre tutela, sucesiones, personas sin hogar y recursos extraordinarios.
La discusión ocurre mientras juristas examinan el funcionamiento del Código Civil a cinco años de su entrada en vigor, cuerpo legal con el que deberán armonizarse los procedimientos propuestos.








