San Juan, Puerto Rico – La diabetes tipo 1 (DM1) sigue siendo una condición médica desafiante que afecta principalmente a niños y jóvenes, causada por una reacción autoinmune que lleva a la destrucción del páncreas. Aunque representa solo el 5% al 10% de los casos de diabetes, su diagnóstico se ve obstaculizado por la falta de conciencia, profesionales especializados y recursos dedicados.
Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la región enfrenta limitaciones en el acceso a tecnologías esenciales para el manejo efectivo de la diabetes. Solo 12 países cuentan con las tecnologías básicas necesarias, lo que contribuye al subdiagnóstico y a tasas de mortalidad más altas debido a la falta de tratamiento oportuno.
A pesar de estos desafíos, existen soluciones tecnológicas avanzadas para el tratamiento de la DM1, como los sistemas de administración automatizada de insulina, que han demostrado reducir complicaciones y permitir un control óptimo de la glucosa. Sin embargo, la disponibilidad y acceso a estas tecnologías varían significativamente entre los países de la región.
Puerto Rico, específicamente, cuenta con un sistema de salud privatizado y un sistema de salud del Gobierno. En el caso de los planes privados, los beneficios dependen del plan ofrecido por la aseguradora que escoja cada persona o grupo familiar. Existe la Ley 177, la cual obliga que todos los planes de salud cuenten con la cobertura de un medidor de glucosa en sangre, tirillas y lancetas y las microinfusoras de insulina para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Aún queda por lograr una enmienda a esa ley para que se incluya el monitor continuo de glucosa que tanto beneficio provee a un paciente con diabetes. Sin embargo, la falta de profesionales especializados para tratar este tipo de enfermedades se convierte en un problema importante para el sector médico.
“A pesar de que en Puerto Rico estamos al día en cuanto a los últimos adelantos en tecnología para manejar la diabetes y los pacientes tienen acceso a ellos, es muy cuesta arriba que los planes médicos aprueben los equipos y suplidos. Por otro lado, necesitamos contar con más endocrinólogos pediátricos en la Isla, actualmente son solo 13 y no es suficiente”, expresó Mariana Benítez Hilera, MHSA, directora ejecutiva de la Fundación Pediátrica de Diabetes.
En Chile, la Ley Ricarte Soto proporciona protección financiera a pacientes con condiciones de salud específicas, incluyendo DM1. Esta ley garantiza el acceso a terapias innovadoras, pero persisten desafíos en la reposición de bombas de insulina.
Colombia ha integrado el acceso a tratamientos innovadores en ambos regímenes de salud, contributivo y subsidiado. Esto facilita el control de la enfermedad y evita complicaciones a corto y mediano plazo.
Argentina, a través de la Ley Nacional de Diabetes, garantiza el acceso a servicios esenciales para mejorar el control glucémico, incluyendo insulinas análogas o bombas de insulina.
En Perú, los pacientes con DM1 continúan siendo tratados con insulina humana, asociada con complicaciones. En México, el acceso a tecnologías como los sistemas de administración automatizada de insulina y monitoreo continuo de glucosa está limitado a hospitales de tercer nivel y asociaciones de pacientes.
Los expertos señalan la importancia de seguir las buenas prácticas de países como Puerto Rico, Argentina, Colombia y Chile e impulsar la implementación de políticas de salud pública en cada país. A su vez, destacan la necesidad de alinear la legislación con la realidad operativa, asegurando que lo establecido por la ley se refleje efectivamente en la práctica médica. Este alineamiento busca garantizar diagnósticos precisos y tratamientos innovadores para lograr un mejor control de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
