Organización comunitaria acusa a funcionarios de proteger intereses privados mientras persisten daños ambientales en Ranchos Guayama
SAN JUAN, Puerto Rico – La organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) de Salinas realizó el pasado sábado una protesta frente a la sede del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en San Juan, denunciando la inacción de la agencia ante una construcción ilegal que ha provocado daños ambientales significativos en la comunidad Ranchos Guayama.
Con brochas y pintura en mano, los manifestantes escribieron en el pavimento la frase “DRNA Corruptos”, en un acto simbólico de denuncia. El motivo: la falta de acción por parte del DRNA en un caso que involucra al presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, y a Roberto Ramos, quienes construyeron un campo de tiro sin las debidas autorizaciones ambientales.
“Este caso no es una especulación; hay un informe oficial preparado por tres empleados del DRNA —el vigilante Carlos Claudio Sánchez, el biólogo Enrique Santiago Irizarry y la técnica de suelos Amparo Chávez Quiroga— que documenta los daños ambientales y fundamenta la imputación de hasta seis delitos ambientales”, sostuvo José Cora Collazo, presidente de ASPA.
Según la organización, el documento fue entregado hace más de tres años, pero la agencia no ha emitido sanciones, ni ha impuesto multas, ni ha ordenado la restauración ambiental de la zona. Para ASPA, esto representa un patrón de encubrimiento y abandono.
En declaraciones a la prensa, Cora Collazo también señaló posibles conflictos de interés dentro del DRNA. Mencionó al subsecretario Nelson Cruz Santiago, quien en su rol previo como senador impulsó la ley de armas promovida por CODEPOLA, organización presidida por uno de los acusados.
“Nos preocupa el posible conflicto de interés, dado que el subsecretario del DRNA, Nelson Cruz Santiago, mantiene una relación estrecha con CODEPOLA”, expresó Cora Collazo.
ASPA también denunció que los abogados defensores del caso —entre ellos la Lcda. Shirley Vokac y el asesor Ángel Román Mas, conocidos por representar proyectos controversiales como Sol y Playa en Rincón— reconocieron la falta e incluso se comprometieron a presentar un plan de mitigación, promesa que hasta el momento no ha sido cumplida.
“El pueblo ya cumplió haciendo las querellas correspondientes, el personal técnico hizo su trabajo, documentó los daños, y aun así el caso parece escondido en una gaveta del olvido, o peor, en la de las órdenes divinas”, agregó el portavoz de ASPA.
La organización exige al secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, que nombre un examinador, se impongan sanciones a los responsables y se obligue la reparación de los daños. Mientras tanto, advirtieron que seguirán movilizándose hasta que se haga justicia ambiental.
