Miami (EFE) – La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, denunció este viernes que familias enteras de trabajadores indocumentados se van del estado, las «cosechas se pudren» sin recoger en el campo y faltan empleados en sectores esenciales a causa de la política migratoria del gobernador Ron DeSantis, candidato a las primarias republicanas.
Fried habló a la prensa frente al monumento «La antorcha de la amistad» de Miami, un símbolo de acogida a los inmigrantes, para exponer la razones por las que cree que la ley migratoria SB1718, que entrará en vigor el 1 de julio, va a causar un «desastre» peor al de leyes del mismo estilo promulgadas en Alabama y Arizona.
Los tres motores de Florida, agricultura, turismo y construcción, la «espina dorsal de la economía floridana», van a sufrir a corto, medio y largo plazo a causa de la ley SB1718 por su dependencia de la mano de obra indocumentada, dijo.
Según Fried, se calcula que viven en Florida, un estado de más de 21 millones de habitantes, casi 800.000 indocumentados.
Un 60% de los trabajadores de la agricultura floridana está en situación migratoria irregular y, por tanto, están amenazados por la ley de DeSantis, que les condena a la deportación, impone fuertes multas a los empresarios que empleen a esos trabajadores sin papeles e incluso castiga a los familiares que los ayudan.
Acompañada de representantes de las comunidades venezolana, nicaragüense, cubana, colombiana y de otros países, Fried, la excomisionada (ministra) de Agricultura de Florida dijo que los efectos de la ley SB1718 se sienten por adelantado y exhortó a actuar no solo contra esas medidas «extremistas», sino también y especialmente para evitar que DeSantis llegue a la Casa Blanca como pretende.
Desde el pasado miércoles DeSantis es candidato oficial a las primarias republicanas y desde mucho antes ha dado muestras de que la inmigración irregular va a ser el caballo de batalla de su campaña para llegar a la Presidencia de EE.UU.
«No merece ser gobernador de Florida, ni mucho menos llegar a la Casa Blanca», dijo Milli Herrera, dirigente comunitaria y expresidenta del Caucus Hispano de Florida, quien subrayó los efectos negativos de la ley en pequeñas y medianas empresas del estado.
«Van a vender menos y a comprar menos», agregó.
La ley va a significar menos ingresos para las arcas del estado y menos recursos para el sistema de salud de Florida y puede elevar los precios de los productos básicos, los costos de construcción y los hoteleros, dijeron los oradores.
«Es un mito que los inmigrantes no pagan impuestos», dijo el economista y profesor universitario nicaragüense Francisco Larios, quien instó a dejar de ver «la inmigración como un problema», pese a que haya políticos «demagogos» que se lo hagan creer a la gente para crear miedo y división.
Adelys Ferrro, de la organización Caucus Venezolano-americano, acusó a DeSantis de utilizar una retórica de crítica a «gobiernos dictatoriales como el de Venezuela» y luego perseguir a los que llegan a Florida huyendo precisamente de ellos.
En esa línea incidió Sabina Covo, comisionada (concejal) de Miami y empresaria de origen colombiano.
Covo consideró «una falta de respeto a la dignidad de personas» que en muchos casos llegan a Florida escapando de persecuciones y autoritarismo negarles «sus derechos básicos de tener un techo, trabajo o una licencia de manejar».
