La demanda alega que los acusados se hicieron pasar por representantes del artista para concretar un evento inexistente en Caracas
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE) – Una empresa venezolana y tres de sus directivos han demandado por más de $4 millones a una compañía con sede en Puerto Rico y a su presidente por una estafa relacionada con un concierto ficticio del artista Chayanne en Caracas.
La demanda civil fue radicada esta semana en el Tribunal Federal de San Juan por los ciudadanos venezolanos Flavio Franco Lorenzi, Edmundo Rafael Milian y Juan Carlos Grillo, directivos de la empresa Thiene Producer, S.A., contra Pedro Figueroa y Trimix Entertainment, Inc., según el documento difundido este viernes a la prensa.
La demanda establece que Figueroa y Trimix Entertainment Inc. engañaron deliberadamente a los demandantes al hacerse pasar por representantes del reconocido artista Chayanne.
Aprovechándose de esta falsa representación, los demandados recibieron más de $800,000 en pagos para celebrar un concierto en Venezuela, a pesar de no tener ninguna autoridad para actuar en nombre del artista.
Al descubrirse el fraude, los demandantes exigieron la devolución de los fondos, pero los demandados se negaron causando pérdidas económicas que superan los $4 millones.
Los demandados ofrecieron llevar la gira de Chayanne ‘Bailemos Otra Vez Tour’ a Caracas y, para ello, se firmó un contrato el 15 de octubre de 2024 para la realización del concierto el 10 de mayo de este año en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.
Según la demanda, el 7 de febrero de 2025, Figueroa cambió unilateralmente la fecha del concierto al 20 de septiembre, alegando falsamente que Chayanne había solicitado el cambio.
El 13 de marzo pasado, los demandantes contactaron al equipo de representación oficial de Chayanne, quienes confirmaron que los demandados no tenían autoridad para representar al cantante y negaron tener vínculos con ellos.
La empresa venezolana, dedicada a la organización de eventos, sostiene que, además de los pagos por $822,000, incurrieron en otros gastos como transferencias bancarias, viajes a Puerto Rico y alojamiento, al tiempo que estimaron las pérdidas sufridas.
La demanda incluye inducción fraudulenta (‘dolo’), incumplimiento de contrato, violación del deber de buena fe y trato justo, y enriquecimiento injusto.
