San Juan, Puerto Rico – El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública levantó una voz unificada exigiendo acción inmediata a la Legislatura para declarar una moratoria contra el establecimiento o expansión de escuelas chárter en la isla. Esta demanda surge como respuesta al desvío de fondos públicos destinados a fortalecer las escuelas públicas del país hacia instituciones privadas, dejando desatendidas las necesidades críticas de los planteles educativos en condiciones precarias, denunciaron.
Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, señaló que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se ve comprometido debido a la falta de mantenimiento en las instalaciones, agravada por desastres naturales como terremotos y huracanes. Mientras tanto, las escuelas chárter recibieron una asignación de $40 millones en fondos públicos en el año 2023, recursos que deberían estar dirigidos a mejorar las escuelas públicas y no a entidades privadas.
“Exigimos que se apruebe ya la moratoria para que se detenga el establecimiento y la expansión de las llamadas Escuelas Alianza, en realidad escuelas “chárter” privadas. Tanto en Puerto Rico como en EU, muchas escuelas chárter han tenido un cuestionable historial de malversación de fondos, fraude y negligencia, otra de las razones por las que no deberían estar recibiendo esos fondos”, manifestó Martínez en comunicado de prensa.
El Junte respalda la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 424, presentada en mayo de 2023, que busca establecer una moratoria de cinco años para prohibir la creación o expansión de Escuelas Públicas Alianza, conocidas como escuelas chárter. Esta medida pretende evitar la privatización de bienes públicos y prevenir posibles actos de malversación de fondos y corrupción.
Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres y Estudiantes de Educación Especial, resaltó la discriminación que enfrenta el estudiantado con diversidad funcional en las escuelas chárter. A pesar de que la Ley 85 del 2018 establece la responsabilidad del Departamento de Educación en atender las necesidades únicas de cada estudiante, las escuelas chárter no ofrecen los servicios adecuados para esta población estudiantil.
Warren explicó que hay 13 categorías de educación especial, que incluyen problemas de aprendizaje, problemas atencionales, ADD, hiperactividad oposicional desafiante, autismo, entre otras y algunas de esas condiciones son físicamente más evidentes que otras. “En las escuelas chárter los estudiantes de educación especial que tienen condiciones más obvias los discriminan y no los matriculan. A otros los aceptan ,pero en realidad no tienen el personal adecuado para cubrir sus necesidades y lograr un proceso académico satisfactorio. Esos fondos se deben asignar a las escuelas públicas, que tienen mejores recursos, psicólogos y consejeros, para brindarles los servicios a los estudiantes de educación especial”, expresó Warren.
El secretario de organización de UNETE, Emilio Nieves, subrayó los escándalos relacionados con las escuelas chárter en Puerto Rico en los últimos años, incluyendo casos de malversación de fondos y deficiencias en el proceso de aprobación. Recientemente, una investigación reveló que las escuelas chárter recibieron más de $40 millones en fondos públicos en el año fiscal 2023, sin que se haya fiscalizado su uso adecuado.
Ante esta situación, Martínez instó a los legisladores a aprobar la moratoria contra las escuelas chárter y a considerar otras medidas en beneficio de la educación pública, como un proyecto de retiro digno para los docentes y ajustes a la pensión por inflación. Además, recordó a los políticos que este año es electoral y que estarán atentos a las decisiones que afecten los derechos del magisterio y del estudiantado.
