San Juan, 26 jul (EFE News) – El grupo «Gimnasios Unidos por Puerto Rico», integrado por administradores y clientes de estos negocios, demandó a la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, por ordenar el cierre de estos establecimientos sin usar un estudio científico o evidencia de contagio de COVID-19 en estos lugares.
La demanda presentada por el grupo al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicita que se declare inconstitucional la decimonovena sección de la Orden Ejecutiva 2020-54.
La medida estipula que los gimnasios, así como las discotecas, cines, salas de concierto, salones de juego, teatros, casinos, bares y cualquier lugar similar o evento que propicie la reunión de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar, no está autorizado a operar durante la vigencia de esta Orden Ejecutiva.
«Esta decisión (de cerrar unilateralmente los gimnasios), es totalmente incorrecta, ya que no hay evidencia de brotes ni contagios originados en nuestros establecimientos», afirmó Abdiel Lugo, portavoz del grupo, en un comunicado de prensa.
Dijo además que «el foco del repunte ha sido a través de actividades donde no se toman las precauciones recomendadas por los expertos».
Lugo, de igual manera, afirmó que la determinación ejecutiva «priva a los dueños de gimnasios de su sustento y del uso de su propiedad, esto solo a días de haber invertido grandes sumas de dinero en equipo protector».
Los demandantes le piden al tribunal capitalino revisar la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva 2020-54, pues a su juicio, la misma interviene y menoscaba obligaciones contractuales contraídas entre estos y sus clientes y violenta la libertad de reunión.
Además plantean que el gobierno no tiene la potestad para intervenir con estos derechos a través de una orden ejecutiva y que de proceder tendría que hacerse mediante ley.
La industria de gimnasios en Puerto Rico aporta anualmente 70 millones de dólares a la economía local.
