Los senadores del Partido Popular Democrático piden a la gobernadora que retire el nombramiento; confirman investigación de En Blanco y Negro por avalancha de demandas.
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
SAN JUAN, Puerto Rico – La delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, liderada por el portavoz Luis Javier Hernández Ortiz y la senadora por el distrito de Ponce, Marially González Huertas, le pidió hoy a la gobernadora, Jenniffer González, que retire el nombramiento del Defensor de las Personas con Impedimento, ante los graves conflictos de interés que tiene.
Los problemas con el nombramiento de David Figueroa Betancourt fueron revelados la semana pasada en una serie de reportajes publicados por escrito y en radio por En Blanco y Negro con Sandra. Los conflictos surgen porque ha sido parte de un grupo de personas que se dedica a demandar a comercios, médicos, alcaldías y oficinas de gobierno, argumentando violaciones a la ley federal ADA. ADA es el acrónimo de Americans with Disabilities Act, o Ley Federal de Personas con Impedimentos.
La avalancha de demandas, que se transan por millones de dólares, ha afectado a personas en todo Puerto Rico. Uno de los abogados encargados de hacer las demandas es el Lcdo. José Carlos Vélez, quien figura ahora como miembro del comité de transición de Figueroa Betancourt. En ese comité, que ha tenido acceso a información privilegiada de la agencia que se supone proteja a las personas con impedimentos, también figura el asesor de la Cámara de Representantes, extesorero de la campaña de la gobernadora y excontratista del Departamento de Educación, Oriol Campos.
“Hoy levantamos bandera sobre otro caso con un historial cuestionable: se trata del nuevo designado Defensor de las Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt, pues hay un aparente conflicto de interés en sus gestiones previas. Figueroa tiene, o tuvo, relaciones profesionales con abogados que se dedican a demandar negocios, oficinas médicas y hasta entidades del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, señaló el portavoz del PPD en el Senado.
El puesto que ocupa el Defensor de Personas con Impedimento, antes conocido como Procurador, es por un término de 10 años.
En entrevista con este medio, el senador Hernández Ortiz expresó que la administración de Jenniffer González “volvió a fallar” con relación a la investigación previa de los antecedentes de los nominados para ocupar posiciones en el gobierno. Expresó que, desde que comenzó este gobierno, “se ha destacado por la designación de personas que no cumplen con los requisitos que exige la Constitución y la ley”, y en otros casos, por personas con un historial altamente cuestionable.
En las demandas de Figueroa Betancourt se argumentan violaciones a la ley federal que protege a las personas con impedimentos (ley ADA). En concreto, Figueroa Betancourt, representado por un abogado privado, demanda al gobierno, y ahora, como líder de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), tiene facultad legal para imponer multas, atender querellas y manejar información confidencial.
“Quien ahora dirige la DPI consistentemente se ha dedicado a radicar demandas contra pequeños comerciantes que tienen restaurantes, negocios y hasta al gobierno, alegando que incumplen con la ley ADA”, añadió González Huertas.
De acuerdo con informes públicos del portal del Poder Judicial de Puerto Rico (ver Consulta de Casos), Figueroa Betancourt ha instado demandas incluso contra municipios y entidades públicas, tales como el Municipio de Santa Isabel, la Autoridad de Edificios Públicos, la Junta de Planificación e incluso contra la propia Defensoría de las Personas con Impedimentos.
Varios comerciantes, médicos y dueños de restaurantes le han expresado a este medio su preocupación por las demandas que radica el ahora defensor. En el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, se sabe que radicó más de 60 demandas, al igual que contra reconocidos negocios en toda la isla. Aunque los casos se transan, representan muchas pérdidas para los pequeños y medianos comerciantes, que en ocasiones sí cumplían con la ley.
Este medio supo, por voz de varios comerciantes, que la proliferación de demandas provocó que en el Tribunal de Mayagüez se impusieran sanciones a los abogados. A nivel federal, la jueza Consuelo Vargas de Cerezo, en un momento, también cuestionó a los abogados, y entonces comenzaron a radicar en cortes municipales.
La ley federal ADA establece una causa de acción para solicitar al tribunal que ordene a una persona jurídica o natural que cumpla con la ley. Sin embargo, esta causa de acción no permite que se reclamen daños y perjuicios por su incumplimiento, aunque sí permite el pago de hasta $10,000 en honorarios de abogados.
Según los comerciantes perjudicados, las demandas presentadas han sido sistemáticas, con intereses particulares, y los han tomado por sorpresa. Varios han recibido cartas del bufete de abogados Vélez Colón, reclamando que están violando la ley ADA y detallando sus implicaciones.
En muchas ocasiones, los comerciantes han tenido que incurrir en gastos inesperados para contratar un abogado que los represente en el procedimiento, además del pago de honorarios de abogados, a través de la ley ADA.
Aunque no hay cifras precisas, se puede llegar a una conclusión de cuán lucrativo es este operativo. Si se radicaran, digamos, 300 demandas y estas se transan por el pago de $10,000 —el tope que establece la ley ADA— esto representaría una cifra millonaria de sobre tres millones de dólares para los abogados.
Ante todos estos señalamientos, la delegación del PPD solicitó el retiro del nombramiento de Figueroa Betancourt, al tiempo que señaló que el funcionario, por haber sido designado en receso, ya se encuentra en funciones.
“Recordemos que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció el nombramiento de Figueroa Betancourt el pasado 11 de julio de 2025. Al estar en receso el Senado, esto significa que el funcionario ya está en funciones plenas desde hace más de un mes. Esta es una situación altamente irregular y el país debe tener conocimiento de este caso”, sostuvo Hernández Ortiz.
