Durante la vista pública también se discutió la construcción de gimnasios al aire libre para esta población
SAN JUAN, Puerto Rico – Organizaciones dedicadas a la recreación y el deporte de personas con impedimentos apoyaron este martes dos medidas que buscan crear un registro oficial de todos los parques libres de barreras, así como la designación de fondos públicos para la construcción de gimnasios al aire libre que sean accesibles para esta población.
En vista pública de la Comisión de Recreación y Deportes, presidida por el representante Luis Jiménez Torres, la Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos opinó que estos proyectos brindarán a las personas con diversidad funcional espacios adecuados para su recreación y contribuirán al proceso de rehabilitación.
“El desarrollo de gimnasios al aire libre que cumplan con los parámetros necesarios para que una persona con impedimentos pueda disfrutarlos les brindaría oportunidades reales de mejorar su salud y calidad de vida. Por otro lado, contar con un registro especial que identifique parques accesibles permitiría que las familias puedan planificar de manera efectiva”, expresó el presidente del organismo, Eric Rivera.
Se trata del Proyecto de la Cámara 181, presentado por el representante Ramón Torres Cruz, que ordena a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), a desarrollar un inventario por municipio de las instalaciones que garanticen el uso por parte de las personas con impedimentos.
“Esto, como instrumento para identificar y divulgar la información certera de los parques e instalaciones deportivas y recreativas sin barreras en Puerto Rico”, indicó el representante Torres Cruz en la exposición de motivos. “Este registro servirá como herramienta de fiscalización del cumplimiento de las responsabilidades delegadas en ley, además de posibilitar y obtener recursos para las mejoras”.
Mientras, el Proyecto de la Cámara 238, de la autoría del representante Wilson Román López, impulsa la edificación de gimnasios al aire libre alrededor de la Isla en respuesta al poco o ningún acceso para las personas con diversidad funcional a estas áreas recreativas públicas.
En su ponencia, Rivera, de la Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos, señaló que muchos espacios pueden cumplir con algunos criterios de accesibilidad, pero en la práctica se limita el disfrute de quienes tienen algún impedimento. Manifestó, asimismo, que la falta de datos y registros de parques accesibles es un “problema real” que reduce la asequibilidad.
También destacó la necesidad de que estos espacios cumplan con los requisitos de accesibilidad establecidos en la legislación federal y estatal, como rampas y superficies niveladas; equipos adaptados para personas con movilidad reducida; letreros en braille y letras agrandadas; al igual que áreas con aceras amplias para facilitar el acceso en silla de ruedas.
Tras una reciente encuesta realizada en 20 municipios que cuentan con balnearios o son de gran población, la Federación Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas denunció que la mayoría de los programas de recreación y deportes carecían de actividades dirigidas a las personas con impedimentos.
De igual forma, sus directivos desconocían si contaban con las máquinas especiales para personas en sillas de ruedas y, de 17 municipios con balnearios consultados, solo cinco tienen la silla de playa para que puedan meterse al agua.
La presidenta de esta organización, Dilka Benítez, reprochó, por otro lado, que las personas con diversidad funcional en Puerto Rico no han sido contabilizadas en los censos más recientes y las últimas estadísticas sobre esta población se registran al año 2000.
“En el 2010 y 2020 no se incluyó ninguna pregunta relacionada a eso. ¿Cómo sabemos cuántas personas tenemos con diversidad funcional en Puerto Rico cuando no nos contabilizan en el Censo? Ni se hizo por condiciones, ni por género, ni por municipio”, afirmó Benítez, quien agregó que tampoco se consideró el estatus socioeconómico de esta población.
Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico, Germán Pérez, sugirió varias enmiendas para mejorar el alcance de ambos proyectos, incluyendo emplear el término “personas diagnosticadas con alguna discapacidad” y el concepto “para”, que implica “paralelo o en la misma dirección”.
Además, abogó que la entidad reciba un presupuesto equivalente al 15 por ciento de los fondos asignados al Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), lo que ascendería su caudal de $100,000 que recibe actualmente a $1.2 millones.
“Para nosotros hacer nuestro trabajo eficientemente, necesitamos que esa igualdad se traduzca por lo menos al 15 por ciento. Nuestra solicitud no implica que se le quite el 15 por ciento al COPUR para darlo a nosotros. Se trata de dos presupuestos independientes que van encaminados a lograr la igualdad en oportunidades en el deporte de los para deportistas”, puntualizó Pérez.
Exploran creación de alianza público-privada
Durante la audiencia, el presidente de la comisión cameral, representante Jiménez Torres, preguntó tanto a la DPI como al DRD la viabilidad de incorporar una alianza público-privada que atienda el mejoramiento de las instalaciones destinadas a las personas con discapacidades.
Aunque las agencias no descartaron la alternativa, ambas coincidieron en que encontrar entidades privadas que quieran colaborar con esta obra pudiera resultar en un proceso dificultoso y conllevar más gastos públicos.
El defensor interino de la DPI, Juan José Troche, aseguró en su ponencia que la intención legislativa es loable y compatible con los cambios estructurales que han realizado en el manejo de la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (Ley 238-2004).
Mencionó que, como parte del plan de trabajo, la agencia ahora cuenta con funcionarios enlaces en cada municipio y, durante este año, inspeccionarán dichos espacios para garantizar el cumplimiento no solo con la accesibilidad, sino con la inclusión.
A modo de ejemplo, comentó que el parque Luis Muñoz Marín, en San Juan, es un espacio accesible para las personas con discapacidades, pero está desprovisto de baños con estación de cambio para adultos, grúas para movilizarse, entre otras deficiencias para las personas con impedimentos.
“Se tiene que tomar en consideración que la inclusión va más allá de la accesibilidad. Es que esa familia pueda tener un espacio seguro y real para poder cambiar o poder trabajar con ese niño o ese adulto que pesa”, abundó el funcionario.
Troche adelantó que la DPI está en la tercera fase de construcción de su sistema de informática con una subvención otorgada por el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y debe estar en funcionamiento dentro de un año.
Tanto la DPI como el DRD resaltaron la obligación de identificar fondos recurrentes para cumplir con las legislaciones propuestas y contratar personal para llevar a cabo las inspecciones de las estructuras.
En una ponencia firmada por el secretario Héctor Vázquez Muñiz, el DRD especificó que el costo de cada máquina para los gimnasios al aire libre fluctúa entre $1,300 y $1,500, por lo que una instalación con al menos seis máquinas tendría un gasto estimado de $8,400.
“Es imperativo aclarar que, en la actualidad, el Departamento no cuenta con los fondos necesarios para la construcción de gimnasios al aire libre en las instalaciones de nuestra agencia”, explicó la agencia.
El licenciado José Miguel Pérez, quien compareció en representación del secretario, aseguró que el DRD está en un proceso de reconstrucción de sus instalaciones en consideración con los nuevos códigos de construcción que incluyen medidas para garantizar la accesibilidad de personas con diversidad funcional.
