La reciente revisión tarifaria evidencia un modelo energético que continúa trasladando mayores costos a los consumidores más vulnerables
Por Lydia M. Díaz Rodríguez
Presidenta del Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, Inc. (YUCAE)
Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida (YUCAE), hemos denunciado que la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en la revisión tarifaria presenta fallas sustantivas y procesales, y que, aun con la reducción al aumento propuesto por LUMA y Genera, la tarifa aprobada agrava la carga energética de miles de hogares.
Las organizaciones criticamos el diseño tarifario que aumenta el cargo fijo y reduce el cargo por consumo, afectando especialmente a quienes han reducido su uso para manejar costos. También alertamos sobre la promoción de más infraestructura de gas metano, pese al crecimiento acelerado de la energía solar distribuida en el País.
Desde YUCAE destacamos que las comunidades del sureste, particularmente Yabucoa, hemos vivido por décadas la fragilidad del sistema eléctrico y el peso de tarifas altas sin un servicio confiable. Recordamos que, tras el huracán María, el colapso total de la red dejó a la población meses sin servicio, evidenciando que el sistema centralizado es vulnerable, costoso y perjudicial para la salud y la calidad de vida. El aumento tarifario aprobado profundiza la desigualdad energética y amenaza la estabilidad económica de familias de bajos ingresos, envejecientes y pequeños comercios.
Las organizaciones también denunciamos fallas en la transparencia y en el manejo de la participación ciudadana, incluyendo la solicitud de LUMA para excluir comentarios públicos sometidos conforme al proceso establecido. Solicitamos al NEPR aclarar el tratamiento de esos comentarios y garantizar su incorporación al expediente administrativo.
YUCAE recomienda exigir justificación completa de costos, rechazar gastos no esenciales, condicionar cualquier ajuste al cumplimiento de metas de resiliencia y energía renovable, y fortalecer la fiscalización del operador del sistema eléctrico.
Como portavoces de las organizaciones, reiteramos que las propuestas de LUMA y Genera debieron ser rechazadas en su totalidad y que Puerto Rico necesita un sistema energético justo, sostenible y centrado en las comunidades, no un aumento tarifario que agrave sus vulnerabilidades.
