La agencia sostiene que el Proyecto del Senado 1183 atiende un problema sistémico, mientras el sector detallista favorece la agilización con reservas sobre participación ciudadana y centralización
SAN JUAN, Puerto Rico – El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio defendió este lunes ante el Senado una reforma amplia del sistema de permisos al sostener que Puerto Rico enfrenta un problema estructural que no puede atenderse con cambios parciales, mientras el Centro Unido de Detallistas respaldó la intención de agilizar los procesos, pero reclamó ajustes puntuales para evitar excesos en la discreción administrativa y proteger la participación ciudadana.
En un comunicado, el DDEC sostuvo que el Proyecto del Senado 1183 propone una transformación de fondo del sistema de planificación y permisos, al consolidar en un solo instrumento un marco que, según la agencia, hoy está disperso en decenas de leyes, reglamentos e instrumentos administrativos. La dependencia indicó que el problema actual ha generado duplicidad, discreción excesiva, incertidumbre jurídica, demoras y un entorno adverso para ciudadanos, comerciantes, emprendedores e inversionistas.
El secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, planteó en ese memorial que la medida busca rediseñar el modelo normativo, institucional, tecnológico y operativo que rige el desarrollo, el uso de terrenos y la operación de negocios en Puerto Rico. También propuso que el proceso legislativo sirva para reconciliar el Proyecto del Senado 1183 con el Proyecto del Senado 1173, al afirmar que ambas piezas pueden converger en una propuesta integrada.
Según el comunicado, la agencia defendió que la reforma incluye la transformación de la OGPe en una Oficina Central de Permisos, la creación de un sistema digital obligatorio para todos los trámites, una separación más clara entre planificación, adjudicación y fiscalización, y mecanismos correctivos ante la inacción administrativa. El DDEC también argumentó que el nuevo modelo permitiría una evaluación ambiental proporcional al impacto real de los proyectos y vinculó la lentitud del sistema actual con el costo de la vivienda, la inversión y el empleo.
Frente a esa presentación, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín, dijo en la vista pública que ambos proyectos en discusión tienen “objetivos muy loables”, al señalar que uno simplifica el proceso dentro de un marco reglamentario mayormente existente y el otro propone “una reforma completa sin precedentes”.
Barquín indicó que el CUD leyó el Proyecto 1183 completo y sometió recomendaciones específicas. Entre ellas, mencionó que no debe excluirse la participación ciudadana, la Ley 38 ni la Ley 454 relacionada con las pymes y el rol del Ombudsman. También advirtió que el nuevo esquema no debe dejar demasiado amplio el margen para que “simplemente una oficina o un ejecutivo” tenga esa discreción.
El líder del CUD coincidió en que ambos proyectos buscan reducir discreción y subjetividad mediante una estandarización basada en codificación de permisos y de construcción, pero insistió en que la reforma debe preservar el peritaje de agencias especializadas. Como ejemplo, mencionó a Recursos Naturales en funciones de fiscalización, aun dentro de un modelo de unificación y simplificación.
Barquín añadió que en torno a la centralización, el presidente del Senado había hecho un planteamiento que, según dijo, parecía indicar que no favorece que el poder quede concentrado en la figura del secretario de Desarrollo Económico, por encima de otras consideraciones, decisiones, leyes y opiniones.
La primera jornada de vistas públicas dejó así dos posturas que coinciden en la necesidad de agilizar y reorganizar el sistema de permisos, pero que difieren en el alcance de la centralización, en los límites de la discreción administrativa y en las salvaguardas que debe conservar la reforma.
