Las expresiones se dan en respuesta a la Resolución de la Cámara de Representantes presentada por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez
San Juan, Puerto Rico – En respuesta a la reciente resolución presentada por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que plantea críticas a la Ley 22 y su impacto en Puerto Rico, el DDEC defendió la vigencia y los beneficios de este incentivo para atraer inversionistas. En declaraciones escritas, el DDEC explicó que el programa, que cerró a nuevas solicitudes desde el 2019, sigue cumpliendo su propósito de generar empleos y apoyar el desarrollo económico sin causar efectos negativos sustanciales en el mercado inmobiliario o en la recaudación fiscal.
El DDEC señaló que, aunque la resolución sugiere que la Ley 22 proporciona exenciones generales sobre ingresos, la realidad es que esta aplica exclusivamente a ingresos pasivos, como dividendos y ganancias de capital. Además, aclararon que ciertos requisitos mencionados en la resolución, como la compra de propiedad y donaciones anuales de $10,000, pertenecen a disposiciones de la Ley 60 de 2019, no a la Ley 22.
Según el DDEC, la Ley 22 no ha sido un factor relevante en el aumento de los precios de la vivienda ni en la saturación del mercado, un argumento que, afirman, se basa en datos erróneos. De los 1.6 millones de propiedades residenciales en Puerto Rico, solo 4,800 son poseídas por beneficiarios de la Ley 22, lo que representa un escaso 0.3% del total. Además, los funcionarios destacaron que el incremento en los precios de vivienda responde a factores globales, como el aumento en costos de construcción y una baja en las tasas de interés.
Con respecto al desplazamiento y gentrificación, el DDEC explicó que no existen pruebas de que la Ley 22 provoque el desalojo forzoso de residentes. Los cambios en la propiedad inmobiliaria, aseguran, ocurren a través de transacciones legales y voluntarias.
En el ámbito fiscal, el DDEC desestimó la estimación de una pérdida de $111.6 millones anuales en ingresos federales y $4.5 mil millones para Puerto Rico entre 2020 y 2026, considerándola “imprecisa”. Según el DDEC, el Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda, fuente de esta proyección, advierte que eliminar estos incentivos podría tener un efecto contrario al deseado, al reducir las inversiones y desplazar operaciones hacia jurisdicciones con políticas fiscales más competitivas.
El DDEC recordó que publicó un análisis que evidencia el impacto positivo de la Ley 22: en 2022, los beneficiarios aportaron $143.9 millones en contribuciones sobre ingreso, con un promedio de $54,116 por persona, y generaron más de 27,000 empleos directos e indirectos, el 70% de ellos en el sector de exportación, donde los salarios promedian $47,000. Además, realizaron donaciones superiores a $10 millones a entidades sin fines de lucro.
El DDEC reafirmó su compromiso con la administración transparente de los incentivos y el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico. Subrayó que es crucial basarse en datos objetivos y evidencia concreta para abordar el impacto de la Ley 22.
