San Juan (EFE) – El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Agricultura realizarán un detallado estudio económico y legal ante el aumento en los precios de los productos de la canasta básica de alimentos.
Así lo anunciaron este miércoles la secretaria interina del DACO, la licenciada Lisoannette González Ruíz, y el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
El estudio va dirigido a evaluar los aspectos en los que pueden intervenir las dependencias para garantizar los derechos de los consumidores, según el comunicado.
«Un área que es de suma importancia para los consumidores es lo relacionado a la canasta básica de alimentos, la cual incluye productos de necesidad imperante como pan, leche, quesos, huevos, arroz, carne, frutas y verduras, y los altos costos de la misma, que se estiman en unos $161 al mes», dijo la secretaria interina de DACO.
Por su parte, González Beiró dijo que «la colaboración entre ambos entes gubernamentales siempre ha sido abierta para atender de forma justa y transparente el mercado y los consumidores».
«Por tal razón, ante la preocupación del aumento en precio de venta de productos en la canasta básica, como el huevo, hemos comenzado a establecer un estudio económico exhaustivo para estudiar los precios a nivel de finca y a nivel de detallista con el fin de asegurar de que sean razonables los márgenes de ganancia sin afectar al consumidor», agregó.
De acuerdo con varios estudios, incluyendo uno emitido por la empresa PICODI, los precios en las carnes, verduras, frutas y pan impulsan el aumento en el costo de la canasta básica en la isla.
El informe también detalla que el 85% de los productos de la canasta son importados.
«Nos encontramos en un momento histórico, atravesando los efectos secundarios de la pandemia con relación al disloque en la actividad agrícola y las líneas de producción en todo el mundo, así como aumentos en la tasa de inflación», lamentó González Ruíz.
El norte de este estudio es determinar los marcos legales en los cuales el DACO pudiera actuar y las posibles acciones regulatorias para evaluar que no haya una competencia desleal y proteger la agricultura al igual que a los consumidores.
«Es de suma importancia para nosotros como gobierno el promover el desarrollo agrícola pero, para esto, debemos proteger lo que producimos y que la cadena de suministro de este alimento sea remunerada justamente, al igual que el precio que se le impone a los consumidores», subrayó.
La secretaria interina indicó que el estudio estará listo en un período que no exceda los 120 días.
«Este estudio es importante porque, de acuerdo a varios informes económicos, el consumidor gasta sobre el 12 por ciento de su sueldo en alimentos todos los meses, esa es una cifra robusta», concluyó.
