Agencia identifica transformación tecnológica y reclutamiento como prioridades presupuestarias ante la Legislatura
SAN JUAN, Puerto Rico – La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, advirtió que la agencia enfrenta limitaciones significativas por falta de tecnología, lo que ha impedido cobrar $650,000 en multas impuestas, y solicitó un aumento de $2.6 millones en su presupuesto ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
Durante su ponencia, Rodríguez Erazo enfatizó que la transformación digital es la prioridad principal de la agencia y pidió una asignación de aproximadamente $2 millones en fondos no recurrentes para la adquisición de tabletas para inspectores y la modernización de su plataforma electrónica. Actualmente, los inspectores continúan emitiendo multas en papel, lo que retrasa los procesos y dificulta la recaudación de ingresos.
“Mis inspectores tienen una gran capacidad de generar más ingresos propios para el DACO, pero nosotros necesitamos tecnología. Es la misma que usan en los 50 estados, pero nosotros seguimos a libretita, y es una petición bien especial que estamos haciendo”, expresó Rodríguez Erazo.
La secretaria detalló que unas 2,500 facturas permanecen sin cobrarse debido a la falta de un sistema digital efectivo. Aunque se ha creado un grupo de trabajo interno para adelantar la conciliación de estas facturas, los integrantes del equipo tienen otras responsabilidades dentro del DACO.
Además de la modernización tecnológica, Rodríguez Erazo solicitó $600,000 adicionales con cargo al Fondo General para reclutar investigadores de querellas en áreas especializadas como construcción y automóviles. También indicó que está en conversaciones con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para reclasificar los salarios de los inspectores, quienes permanecen en la escala 3 del Plan de Clasificación y Retribución, pese a que posiciones similares en otras agencias han sido ascendidas a la escala 10.
El presupuesto consolidado que busca el DACO para el año fiscal 2025-2026 asciende a $18.7 millones. El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, y el representante José “Cheito” Charbonier Chinea informaron que se espera recibir el presupuesto revisado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 12 de mayo, con una fecha de aprobación legislativa pautada para el 3 de junio.
“La Junta lo devuelve a la Legislatura para aprobarlo, posteriormente, siguiendo el procedimiento ordinario de aprobación de medidas en la Cámara y el Senado, lo que quiere decir que todavía estamos a tiempo para trabajar algunas partidas y medidas”, dijo Charbonier Chinea.
Ombudsman y CBA también comparecen
Durante la misma vista presupuestaria, el Ombudsman Edwin García Feliciano solicitó $3.7 millones para el próximo año fiscal, aunque advirtió que su oficina necesita $4.5 millones para operar eficientemente. La JSF recomendó una asignación reducida por $503,000.
García Feliciano explicó que el aumento responde en gran parte al reclutamiento de personal para las oficinas regionales reabiertas en Arecibo, Ponce y Bayamón, así como a la reubicación de la oficina central. La agencia pretende llenar 13 de sus 79 plazas vacantes, enfocándose en puestos que ofrecen servicios directos a la ciudadanía y bajo los Procuradores Especializados.
“La importancia de aprobar esta asignación es que podamos maximizar nuestras responsabilidades fiscalizadoras para lograr que las agencias sean responsivas a los reclamos de la ciudadanía”, sostuvo García Feliciano.
Por su parte, el gerente general del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Jetppeht Pérez, señaló que el presupuesto vigente de la corporación es de $7.3 millones y que esperan una asignación similar para el próximo año fiscal. No obstante, solicitó $1 millón adicional para cubrir gastos operacionales relacionados con la seguridad, mantenimiento y adecuación de nuevas áreas, incluyendo un teatro al aire libre.
Pérez detalló que parte de esos fondos no recurrentes se destinarán al mantenimiento de la Sala Sinfónica y otras mejoras necesarias para preservar las instalaciones culturales de alto valor para el país.
