San Juan, 15 may (EFE News) – Empleados del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) recorrieron decenas de supermercados en toda la isla para atender los planteamientos levantados en los pasados días, tanto por los consumidores como por los propios comerciantes, en torno al aumento de precios de los diferentes tipos de carnes.
Un total de 70 supermercados fueron parte del recorrido llevado a cabo el viernes, el cual se tradujo en 55 advertencias.
Todas las advertencias fueron respecto a las carnes congeladas, por no proveer las facturas que permitan acreditar el cumplimiento con el margen bruto de ganancia congelado.
Los comercios advertidos tienen cinco días para someter la información o se exponen a multas de hasta 10,000 dólares.
«No cabe duda de que el aumento está. Los propios comerciantes lo reconocen. Lo que como agencia debíamos indagar es qué es lo que se esconde detrás de esos aumentos y si los mismos obedecen a factores externos, que es lo que alegan los supermercados, o si de alguna manera esconden ganancias excesivas o injustificadas en perjuicio de los consumidores», señaló Edan Rivera Rodríguez, secretario del DACO.
El funcionario explicó que el operativo se diseñó con dos enfoques distintos.
«En lo que respecta a las carnes congeladas, a estos productos les aplica un margen bruto de ganancia máximo, que fue el que quedó congelado al 14 de marzo de 2020, por lo que nuestros inspectores se centraron en verificar si se están en cumplimiento», dijo.
«En cuanto a las carnes frescas, como no les aplica la orden de congelación, la tarea fue confrontar el precio en que los comerciantes están comprando estos productos versus el precio de venta al consumidor, a fin de verificar si las ganancias están siendo razonables», aclaró.
«Tenemos que ponderar en detalle la información recabada durante la larga jornada del operativo; pero, a primera vista, parecería que, al menos en lo que respecta a las carnes frescas, en efecto, nos encontramos a una realidad del mercado», indicó el secretario.
Subrayó que «lo próximo en agenda es mantener reuniones urgentes con representantes de la industria, así como de otras agencias de Gobierno, para ver qué acciones podemos adoptar».
«Nuestro fin último es poder determinar qué medidas pudieran implementarse para reducir esta tendencia y minimizar su impacto en el bolsillo de los consumidores», concluyó.
