San Juan, 16 mar (EFE News) – La secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) de Puerto Rico, Carmen Salgado, subrayó este lunes la obligación de todo comerciante que ofrezca para la venta productos de primera necesidad, cumplir con la orden de congelación emitida por la agencia el pasado 28 de febrero de 2020, y que estará en vigor hasta que se disponga lo contrario.
«Hemos recibido múltiples quejas por parte de los consumidores, respecto a productos que, pese a estar incluidos en una orden de congelación vigente hace ya más de dos semanas, han experimentado alzas aparentemente injustificadas en su precio de venta», subrayó.
Como Departamento «no podemos tolerar, de manera alguna, que en circunstancias como las actuales, los comerciantes pretendan obtener beneficios no sólo inhumanos sino ilegales en torno a la demanda de productos expresamente declarados de primera necesidad», enfatizó.
La Orden 2020-005 declaró como artículos de primera necesidad todo producto, servicio, material, suministro, equipo y cualquier artículo objeto del comercio que sea susceptible de ser vendido, arrendado o alquilado y que su consumo o uso sea necesario para el consumidor para prevenir el contagio, o para el tratamiento del COVID-19.
Luego, mediante la Orden 2020-006 se enmendó la referida Orden para incluir también alimentos, combustibles y cualquier otro artículo o servicio que un consumidor pueda «razonablemente necesitar» para prepararse o recuperarse de una situación de emergencia.
«Se ha traído a nuestra atención que ciertos comercios que distribuyen o venden equipos médicos están excluidos del alcance de la Orden 2020-005», advirtió.
No obstante, dicha orden, «aun antes de enmendarse, ya disponía claramente que la misma incluía, entre otros, los suministros o equipos que pudieran usarse para prevenir el virus o para tratar sus síntomas», aclaró Salgado, advirtiendo que las sanciones por incumplimiento pudieran hasta 10.000 dólares por cada infracción.
La funcionaria pública enfatizó que, en virtud del decreto de emergencia que está en vigor en la Puerto Rico, resulta vital el rol fiscalizador del propio consumidor.
En este sentido, la funcionaria instó a que los consumidores tomen fotos, guarden recibos y récord de todo posible incumplimiento por parte de los comerciantes, a fin de que puedan someterlos como evidencia ante el Departamento.
«La protección a los derechos de los consumidores es nuestro norte como agencia. Pero, para poder realizar dicha labor de forma efectiva, necesitamos la colaboración de todos», acotó Salgado, resaltando la importancia de que la ciudadanía informe sobre cualquier abuso que detecten por parte del comercio.
A consecuencia del cierre parcial ordenado por la Gobernadora, las oficinas del DACO no estarán abiertas al público.
No obstante, se seguirán brindando servicios en la red.
