San Juan (EFE) – Un jurado declaró culpable al exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo por dos cargos relacionados con el secuestro y la muerte de la joven Keishla Rodríguez, que estaba embarazada cuando fue asesinada en abril de 2021.
El veredicto de este controvertido caso, que conmocionó a la sociedad puertorriqueña, se dio tras casi un mes de juicio y tres días de intensas deliberaciones del jurado, que se alargaron hasta la noche del viernes.
Las tres mujeres y los nueve hombres que componían el jurado determinaron que cometió junto al coacusado Luis Antonio Cádiz el secuestro que resultó en la muerte de Rodríguez, que era pareja del exboxeador, y de su hijo por nacer.
Verdejo se enfrenta a cadena perpetua obligatoria y la lectura de su sentencia está prevista para el próximo 3 de noviembre, según informó la Fiscalía Federal en un comunicado.
El jurado consideró al exboxeador culpable de secuestro que terminó en la muerte de una persona y muerte de un menor no nacido, mientras que no llegó a un veredicto unánime sobre los cargos de robo a mano armada y portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito.
La Fiscalía explicó en su nota que el 29 de abril de 2021 Verdejo ejecutó «un plan premeditado» para asesinar a Rodríguez y su hijo por nacer al atraer a la joven a su vehículo con la ayuda de Cádiz.
El expúgil golpeó a Rodríguez, le inyectó drogas y luego la amarró con alambre metálico a un bloque de cemento, para posteriormente arrojarla a la Laguna San José desde el puente Teodoro Moscoso, en el área metropolitana.
A la salida del Tribunal Federal, el padre de Keishla, José Antonio Rodríguez, dijo que «la verdad siempre prevalece» y que Verdejo vivirá el resto de su vida pensando en lo que le hizo a su hija, siendo esa «su peor condena».
«Apoyamos firmemente a la familia de Keishla Rodríguez y a todos aquellos en la comunidad que buscaron justicia por este acto sin sentido, cruel y atroz de violencia premeditada», afirmó por su parte el fiscal federal para Puerto Rico W. Stephen Muldrow.
El FBI estuvo a cargo de la investigación con la estrecha colaboración y apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de la isla y el Departamento de Justicia.
«Hay daños que nunca se pueden reparar, ni siquiera con un veredicto justo. En casos como estos, todo lo que podemos hacer es darlo todo en la búsqueda de la justicia», subrayó el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Joseph González.
