San Juan, 17 de septiembre de 2021 – La Dra. Miriam Ramírez de Ferrer y la Junta Directiva del organismo de Asamblea Republicana de Puerto Rico (PRRA, por sus siglas en inglés) se oponen a la práctica que a la que ha recurrido el gobernador Pedro Pierluisi (demócrata) de utilizar el mecanismo de Órdenes Ejecutivas para gobernar durante la pandemia por covid-19.
Los miembros de la organización afirman que durante los pasados meses, el gobernador, en conjunto al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, han establecido políticas públicas que, según alegan, afectan los derechos individuales reconocidos y que otorga la Constitución de los Estados Unidos a cada ciudadano estadounidense residente en Puerto Rico.
“Los puertorriqueños han sido muy sumisos y tolerantes con el actual gobernador, y otros que llegan a creer que son dueños del pueblo, como si fueran ¡los monarcas de otros tiempos! El pueblo no puede aceptar sin protestar a la recién mala y antidemocrática costumbre que utiliza Pierluisi, quien seguramente se mira en el espejo y se cree que es el Rey Luis XIV y quiere gobernar por orden (del rey) ejecutiva”, manifestaron.
El nuevo estatuto establece que los menores de 12 años edad no podrán asistir a eventos multitudinarios que propicien la aglomeración de más de 500 personas, aunque cuenten con una prueba viral calificada negativa.
Los miembros del organismo político sostiene que «es un abuso y una falta de respeto a los ciudadano americanos que vivimos en la isla y se ve la costura porque su nuevo decreto lo hizo a solo horas de advenir en conocimiento de la protesta masiva denominada ‘World Wide Rally'», que se llevará a cabo mañana sábado, 18 de septiembre de 2021, en unos 100 países en defensa de las libertades (expresión, movimiento, elección, reunión y salud). En Puerto Rico, el encuentro será a la 1:00 pm frente al Capitolio de Puerto Rico.
“Nos quieren invisibilizar, por eso ya es hora que el pueblo de Puerto Rico proteste y le deje saber su sentir para que el gobernador se dedique a aquello para lo que se eligió. Su función no es castigar a los puertorriqueños si no lo obedecen. Para lo que sí es diligente es para ir a depositar su cheque en el banco. Gobernador: suspenda inmediatamente ese, su estilo déspota de tratar a los puertorriqueños”, enfatizó la doctora Ramírez de Ferrer.
A su vez, coincidieron en que Pierluisi está atentando contra del libre mercado, violando los espacios y derechos de las empresas privadas y corporaciones, sancionándolos si estos determinan no seguir la política pública establecida a través del decreto de Órdenes Ejecutivas.
“El gobernador ha levantado un precedente peligroso, neutralizado al pueblo y pisoteando derechos. En nombre del supuesto bienestar común, está privando y limitando el alcance constitucional de los derechos humanos que nuestros padres fundadores y militares defendieron para garantizarnos libertad de expresión, de movimiento, de salud y muchas otras que hoy nos quieren arrebatar”, advirtió la activista por la estadidad de Puerto Rico.
Por otro lado, Ramírez de Ferrer cuestionó cuál es la verdadera definición política de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien alegadamente es republicana, pero «no está alineada, ni aparece públicamente respaldando la política institucional del Partido Republicano en Estados Unidos».
“Todavía estamos esperando que respalde la posición de Ron De Santis, Gobernador de Florida, en la defensa de los derechos constitucionales, que es el deber de todo republicano”, concluyó Ramírez de Ferrer.
