La organización denuncia falta de transparencia, deficiencias técnicas y presiones económicas que, según afirma, amenazan la continuidad de esos servicios en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Centro Unido de Detallistas (CUD) reclamó este jueves acción inmediata del gobierno para atender la crisis operacional y económica que, según la organización, enfrentan los centros de inspección y las estaciones de gasolina en Puerto Rico.
El presidente del CUD, el doctor Ramón Barquín, expresó su respaldo a los dueños de centros de inspección y estaciones de gasolina afiliados a la institución, al sostener que la falta de transparencia administrativa, los problemas de mantenimiento técnico y la inestabilidad en los procesos de contratación gubernamental están afectando la continuidad de sus servicios.
“Nuestros socios son la columna vertebral de la seguridad vial en Puerto Rico. No es aceptable que, tras décadas esperando un ajuste justo en las tarifas, hoy vean amenazada su rentabilidad por la ineficiencia de proveedores externos y la falta de supervisión del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)”, afirmó Barquín.
Según el CUD, uno de los principales reclamos del sector es que se les incluya en la selección de las compañías suplidoras de equipos. La organización señaló que los operadores no deben continuar como receptores pasivos de contratos gubernamentales que impactan sus costos operacionales sin consulta previa.
La entidad también exigió garantías de soporte técnico para los equipos utilizados en los centros de inspección. De acuerdo con el comunicado, los cierres prolongados por falta de piezas o de personal técnico resultan insostenibles para los pequeños comerciantes que dependen de esa operación.
El CUD sostuvo, además, que el aumento a $20 por inspección autorizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas fue un paso necesario, pero alegó que resulta insuficiente ante nuevos cargos gubernamentales, la inflación acumulada y las deficiencias del sistema.
Como parte de sus reclamos, la organización pidió que el Centro de Servicios al Conductor actualice los sistemas de cámaras y fortalezca la fiscalización para combatir el fraude y proteger la reputación de los centros que cumplen con la ley.
En el comunicado, el CUD indicó que la tarifa de inspección se mantuvo en $11 hasta febrero de 2024, luego de 23 años sin cambios. Aunque reconoció el alza a $20, señaló que los centros tienen prohibido cobrar cualquier cantidad adicional al cliente, lo que limita su capacidad de respuesta ante el aumento en costos operacionales.
La organización también alertó sobre el impacto económico de la transición a nuevos sistemas de inspección. Según expuso, la compra de equipos modernos puede rondar los $40,000, mientras que algunos esquemas de arrendamiento por cinco años alcanzarían hasta $96,000, cifra que describió como onerosa para los operadores.
A eso se suman, según el comunicado, los aumentos en energía eléctrica, agua y salario mínimo entre 2024 y 2025, así como multas que en algunos casos habrían superado los $200,000 por centro. El CUD advirtió, además, que la falta de cámaras modernas y de supervisión efectiva facilita el fraude en algunos establecimientos y crea competencia desleal para quienes cumplen con los requisitos.
El grupo informó que Carlos Crespo, identificado como representante de los centros de inspección, estaría disponible para atender a la prensa durante su participación en una vista de la Cámara de Representantes y ofrecer detalles sobre los asuntos discutidos en la sesión legislativa.
“El CUD no permitirá que la falta de contratos vigentes y la obsolescencia técnica sigan estrangulando a nuestros detallistas. Hacemos un llamado a la Secretaria del DTOP para establecer una mesa de trabajo inmediata que garantice la estabilidad de estos negocios y la calidad del servicio al ciudadano”, concluyó Barquín.
