El Tribunal Supremo lo declara culpable de once delitos en dos procesos judiciales, incluido cohecho, daño de documentos oficiales y colaboración con “servicios del enemigo”
La Habana (EFE) – El exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil fue sentenciado a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos u otros objetos, informó este lunes el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Los jueces también consideraron culpable también a Gil de daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, de acuerdo con una nota del tribunal, difundida en medios oficiales.
El exministro y ex vice primer ministro, el mayor cargo político condenado en Cuba en al menos 15 años, fue juzgado por estos delitos en un primer juicio que se celebró en La habana entre el 11 y el 13 de noviembre.
Además Gil fue juzgado en un segundo proceso, celebrado entre el 26 y el 29 de noviembre, por los delitos de cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, los tres con carácter continuado. Por esta causa fue condenado a 20 años de prisión, indicó el tribunal.
Ambas sentencias pueden ser recurridas en un plazo de diez días.
El condenado, explicó el comunicado, «mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes».
Además, prosiguió la nota, «engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía» e «incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo».
El Tribunal Supremo Popular consideró que estos «comportamientos altamente lesivos» hacen merecedor al investigado de una «respuesta penal severa» al dejar establecido que «la traición a la Patria es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones».
Gil, quien también fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), es ingeniero en explotación del transporte. Hizo su carrera profesional previa en la empresa estatal cubana, tanto en la isla como en el extranjero, y en puestos intermedios del Ministerio de Finanzas y Precios.
En julio de 2018 fue nombrado ministro de Economía y Planificación como una de las caras nuevas que llegaron al Ejecutivo cuando Díaz-Canel accedió a la presidencia en sustitución de Raúl Castro (2008-2018).
Después, asumió como uno de los vice primeros ministros del país y accedió al Comité Central, convirtiéndose en una figura política de peso.
Entre sus misiones principales estuvo la implementación de la gran reforma de 2021 (diseñada por otros desde 2010), que trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba. La controvertida Tarea Ordenamiento resultó un fracaso que hundió el valor del peso y abrió las puertas a la dolarización en la isla.
En febrero del año pasado fue cesado en lo que en un primer momento se atribuyó a los problemas en la aplicación de reformas económicas en el país en un contexto de crisis. Sin embargo, un mes después, Díaz-Canel anunció que Gil estaba siendo investigado por “graves errores” vinculados a delitos de corrupción.
A finales del pasado octubre, un año y siete meses después del comunicado presidencial, la Fiscalía General de la República dio a conocer que Gil estaba imputado por once delitos.
