Ambientalistas y defensores de derechos humanos acusan retroceso en garantías fundamentales y exigen a la Corte Suprema frenar la explotación metálica en el país
San Salvador (EFE) – Un grupo de 11 defensores de derechos humanos y ambientalistas solicitaron este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional una ley aprobada a finales de 2024 por la Asamblea Legislativa, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, que permite la exploración y explotación de la minería metálica en el país centroamericano.
Los ciudadanos salvadoreños, acompañados por miembros de diversas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, ambientalistas y de derechos humanos, presentaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional tras participar en una marcha, en la que participaron cientos de salvadoreños y en la que se rechazó la iniciativa minera del Gobierno de Bukele.
Ruth López, abogada y una de las demandantes, dijo a periodistas que alegaron seis motivos para pedir la anulación de la ley, uno de forma y cinco de fondo.
“La ley fue aprobada sin ningún debate, sin consulta a técnicos ni a poblaciones que van a ser afectadas”, indicó.
López, de la organización Cristosal, sostuvo que la legislación también estaría vulnerando el derecho al agua y al medio ambiente sano.
“Es una ley que plantea una regresión de derechos muy fuerte y trae grandes prejuicios contra la población”, explicó la abogada y sostuvo que también viola tratados internacionales, además de obviar procesos de concesiones que tendría que aprobar la Asamblea Legislativa.
Además de la demanda, se presentaron paquetes con más de 58.000 firmas de ciudadanos que rechazan la referida ley y que se suman a otras 150.000 que la Iglesia católica entregó al Congreso.
En diciembre pasado el órgano Legislativo salvadoreño, dominado por el oficialista Nuevas Ideas (NI), derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó una nueva ley que permite dicha explotación.
Bukele aseguró en diciembre que el país centroamericano posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por km2 en el mundo”, sin citar investigaciones o documentos concretos.
Ninguna institución del Gobierno ha presentado estudios técnicos que prueben lo señalado por el mandatario, mientras que los supuestos estudios han sido puestos bajo secreto en procesos de acceso a información pública.
Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unos 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador.
