Denuncian que los proyectos del Senado 63 y 331 limitarían el acceso a la información pública en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) convocaron al público general a participar de las vistas públicas ciudadanas sobre transparencia gubernamental que se celebrarán los días 19 y 20 de mayo en el Salón Félix Ochoteco del CAAPR en Miramar.
Las audiencias son organizadas por las comisiones de Jóvenes y de Derechos Humanos Civiles y Constitucionales del Colegio, y se transmitirán en directo a través de la página de Facebook del CAAPR.
“El CPI presentará una ponencia para alertar sobre el impacto negativo de los proyectos senatoriales número 63 y 331 relacionados al acceso a información pública. Instamos al público en general a solicitar turno para opinar sobre estas medidas que impactarán la manera en que la ciudadanía obtiene información del Gobierno”, expresó Carla Minet Santiago, directora ejecutiva del CPI.
El acceso a la información pública: una herramienta ciudadana en riesgo
El CPI recordó que el acceso a la información ha sido fundamental para investigaciones periodísticas claves, como:
- La crisis de mortalidad tras el huracán María, donde el Gobierno reportó 64 muertes, pero las investigaciones revelaron más de 3,000 fallecimientos.
- Irregularidades en el Registro Electoral, incluyendo la presencia de personas fallecidas como electores activos.
- Corrupción gubernamental, gracias al análisis de contratos, salarios de empleados públicos y registros de cabilderos.
Sin embargo, la organización advirtió que los proyectos PS 63 y PS 331 “dificultarían el acceso a información gubernamental, afectando la rendición de cuentas y el derecho ciudadano a fiscalizar al gobierno”.
Proyecto del Senado 63 (PS 63)
Presentado por: Thomas Rivera Schatz
Objetivo: Enmendar la Ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública)
Cambios propuestos:
- Aumento en los plazos de respuesta: de 10 a 40 días laborables.
- Nueva notificación obligatoria: Las solicitudes deben ser notificadas al jefe de agencia, y si no se cumple este paso, se considerarán defectuosas.
- Sanciones insuficientes: Multas de $100 diarios, con un máximo de $18,000, lo que podría ser insuficiente como disuasivo.
- Restricciones en formatos de entrega: Elimina el derecho a recibir información en formatos digitales accesibles, lo que afecta a periodistas e investigadores.
- Requisitos arbitrarios: Se exige incluir dirección postal y correo electrónico, lo que excluye a personas sin acceso a estos medios.
- Limitación judicial: Los tribunales no podrían reducir los plazos en casos urgentes.
- Cambio en proceso de apelación: Las agencias gubernamentales tendrían hasta 60 días para apelar decisiones de entrega de información.
El CPI criticó que el PS 63 se base en la ley federal FOIA, obviando que en Puerto Rico el derecho a la información es constitucional, como lo estableció el Tribunal Supremo en Soto v. Secretario de Justicia (1982).
Proyecto del Senado 331 (PS 331)
Presentado por: Morales Rodríguez
Objetivo: Enmendar la Ley 24-1931 (Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico)
Cambios propuestos:
- Confidencialidad total: Se declararía confidencial toda la información contenida en certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, salvo por excepción judicial.
- Redefinición de “parte interesada”: Solo se entregaría información a familiares cercanos, abogados debidamente autorizados o personas señaladas en una orden judicial específica.
- Restricción a periodistas e investigadores: Limitaría el acceso que ha sido clave para investigaciones sobre mortalidad, desastres naturales y transparencia electoral.
- Justificación basada en riesgos de fraude: Alega que la disponibilidad de certificados puede facilitar delitos como robo de identidad o fraude de pasaportes, aunque no presenta evidencia concreta que vincule estos accesos con delitos reales cometidos por la prensa o la academia.
- Aplicación de la HIPAA: Se plantea que el Registro debe acogerse a disposiciones federales de confidencialidad sobre datos médicos, aun cuando el uso solicitado por periodistas es de naturaleza estadística o demográfica.
El CPI ha tenido que litigar en cinco ocasiones contra el Registro Demográfico para obtener bases de datos sobre mortalidad, y ha prevalecido en todos los casos. La organización denuncia que el PS 331 está fundamentado en premisas erróneas y que afectaría gravemente la transparencia en temas de salud, desastres y derechos civiles.
Participación ciudadana: la clave para detener el retroceso
“El impacto de estas medidas toca al ciudadano particular tanto como a organizaciones comunitarias, periodistas e investigadores. Es importante contar con la opinión del público y tener el beneficio de sus experiencias tratando de obtener información, documentos y datos del Gobierno. Por eso estamos participando de esta iniciativa del CAAPR, para que estas medidas no pasen por desapercibidas ni sean aprobadas sin contar con nuestras opiniones”, puntualizó Carla Minet.
La ciudadanía interesada en participar puede solicitar turno llamando a Madeline Ramírez al 787-225-3466. La participación es libre y abierta para todas las personas interesadas en defender el derecho constitucional de acceso a la información en Puerto Rico.
