La agencia vuelve a negarse a entregar información sobre gastos públicos vinculados a la Lotería de Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Departamento de Hacienda enfrenta por tercera vez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en los tribunales tras negarse a entregar información pública sobre contratos y pagos a agencias de publicidad. El CPI radicó un recurso de mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la agencia y su secretario, Ángel Pantoja Rodríguez, reclamando datos relacionados con contratistas de publicidad vinculados a la Lotería Electrónica y la Lotería Tradicional.
La solicitud, realizada desde el 18 de julio por el periodista José M. Encarnación Martínez, incluye información desde 2022 hasta el presente sobre las compañías Digimedia, Key Integrated Solutions y KOI, además de facturas y documentos que reflejen el total de dinero desembolsado. Pese a múltiples gestiones de seguimiento, ni Encarnación Martínez ni la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIPR) han recibido respuesta alguna de la agencia.
“La información pública le pertenece a la ciudadanía, y esta es una clara petición de datos públicos que lleva dos meses sin atenderse. El pasado año, también se demandó a esta agencia por información similar, y tuvieron que entregarla”, declaró Carla Minet Santos, directora ejecutiva del CPI. Recordó además que en esa ocasión se reveló un esquema cuestionable de contrataciones en la Lotería de Puerto Rico. “Conocer a quién se contrata, para qué y cuánto se paga por un servicio es esencial para garantizar la rendición de cuentas y el buen uso del dinero público”, añadió.
La disputa ocurre pocas semanas después de que el CPI publicara la investigación Lotería de Puerto Rico: el dinero público en la ruleta del truco. En ese trabajo, Encarnación Martínez, junto a las periodistas Vanessa Colón Almenas y Wilma Maldonado Arrigotía, documentaron cómo Digimedia ha logrado contratos de más de $47 millones con Hacienda en los pasados seis años. Entre los hallazgos se detallan tarifas infladas, comisiones por coordinar actividades como desayunos y almuerzos, así como la compra de materiales promocionales a precios hasta tres veces más altos que en el mercado, distribuidos luego entre empleados de la agencia.
Con esta acción legal, el CPI alcanza su demanda número 50 en defensa del acceso a la información pública, y la sexta en lo que va de 2025 contra la administración actual. Esa cifra iguala el número de pleitos que la organización presentó durante el primer año de gobierno del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
El CPI está representado en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la UIPR, además del abogado del CPI, Carlos F. Ramos Hernández.
