Esta es la segunda demanda contra la agencia bajo la administración de Jenniffer González Colón por no entregar información al Centro de Periodismo Investigativo
Por el Centro de Periodismo Investigativo
SAN JUAN, PR
Las personas que hacen donativos a la organización creada por el Gobierno de Puerto Rico para dar mantenimiento y restaurar la estructura histórica de La Fortaleza reciben créditos contributivos del Departamento de Hacienda, pero no se conoce cuánto dinero se ha donado a esta entidad ni a cuánto ascienden los créditos contributivos, o cómo se ha usado ese dinero. Es por esto que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó este miércoles un mandamus contra el Departamento de Hacienda y su secretario, Angel Pantoja Rodríguez, para que provea la información que fue solicitada ya hace dos meses.
Desde el pasado 14 de julio, la periodista del CPI Tatiana Díaz Ramos solicitó a la agencia datos sobre la Fundación del Palacio de Santa Catalina, creada por la gobernadora Jenniffer González Colón mediante la Orden Ejecutiva 2025-014, y la Fundación para el Patronato de Santa Catalina, que se fundó bajo la administración de la exgobernadora Sila María Calderón Serra y quedó inactiva. La fundación creada por González Colón sustituyó la de la exgobernadora Calderón. Ambas fundaciones han tenido a cargo la conservación de la Mansión Ejecutiva. La orden ejecutiva establece que Hacienda otorgará créditos contributivos por las donaciones que reciban las fundaciones. Cuando Calderón creó la fundación original, quienes donaran podían reclamar un 50% de lo donado como crédito contributivo. Ahora se puede reclamar el 100% de lo donado.
“Dos meses es un tiempo excesivo para que el Departamento de Hacienda responda una petición de información que es sencilla: saber cuántos créditos contributivos han otorgado por razón de donativos realizados a las fundaciones creadas por el Gobierno. Es información pública que debe estar disponible de forma ágil”, señaló la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
Díaz Ramos indicó que dio seguimiento en múltiples ocasiones a los funcionarios por correo electrónico, llamadas y mensajes de texto, mas no recibió respuesta de la agencia.
“Las enmiendas a la Ley de Transparencia otorgaron más tiempo a las agencias para responder a las solicitudes de la prensa, con la justificación de que reduciría los pleitos judiciales. Sin embargo, tenemos que recurrir al tribunal otra vez para obtener información pública, que fue confirmada como recopilada, validada y disponible para ser suministrada”, dijo Díaz Ramos. “Resulta, cuando menos, cuestionable que los funcionarios públicos llamados a servir a la ciudadanía incumplan su deber de brindar acceso a la información a la que tenemos derecho sin ninguna consecuencia”, dijo la periodista.
Esta es la segunda vez que el CPI demanda a Hacienda bajo la administración de González por no entregar información pública. La primera vez fue el pasado año debido a que la agencia no entregó los contratos, facturas y el total de dinero pagado a varias empresas de publicidad, como Digimedia, Key Integrated Solutions y KOI.
Luego de que el Tribunal ordenó la divulgación de la información, la Hacienda entregó múltiples cajas llenas de los documentos. Con los datos provistos, la editora Vanessa Colón Almenas y el periodista del CPI José M. Encarnación Martínez publicaron la historia Agencia publicitaria de la campaña de la Gobernadora se ganó la Lotería, aunque fue la peor evaluada.
En el mandamus actual, se argumenta “aunque la información solicitada no conste en un documento impreso no impide que sea clasificada como información pública o que pueda ser divulgada”. Se establece también que “la información solicitada no está protegida por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”.
El recurso legal fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt, además de los estudiantes Carlos Serrano Negrín, Melany J. Ortiz Rolón y Daniela Talavera Pagán del Proyecto de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
