La organización exige acceso a evaluaciones sobre acondicionadores de aire y subestaciones eléctricas en las escuelas, fundamentales para enfrentar el calor extremo
SAN JUAN, Puerto Rico – A solo semanas del inicio del nuevo año escolar, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) acudió este martes al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para demandar al Departamento de Educación (DE) por negarse a entregar información pública sobre la capacidad de las escuelas para lidiar con el calor. En medio de una temporada veraniega marcada por temperaturas extremas, la agencia no ha divulgado datos fundamentales sobre el estado de los acondicionadores de aire y las subestaciones eléctricas en cientos de planteles escolares.
La acción legal, dirigida contra el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, surge tras una solicitud formal presentada por la periodista del CPI, Tatiana Díaz Ramos, el pasado 27 de junio. En ella, se pidió copia de los informes generados por la empresa M2A Group, encargada de evaluar la infraestructura eléctrica y de ventilación en 709 escuelas. La petición también buscaba confirmar si se completó la evaluación de más de 300 planteles adicionales antes del 30 de junio, como había prometido el DE.
A pesar de múltiples gestiones —incluyendo correos electrónicos y llamadas telefónicas— la agencia no ha entregado la información solicitada, lo que llevó al CPI a presentar un recurso de mandamus. El documento legal fue radicado por los abogados Luis José Torres Asencio, Steven P. Lausell Recurt y Judith Berkan, de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“La información sobre la infraestructura escolar es de vital interés público, especialmente cuando se trata del uso de fondos públicos para atender condiciones eléctricas y de ventilación en las escuelas, en los meses de más calor. Esta inacción del Departamento no solo obstaculiza la rendición de cuentas, sino que viola derechos constitucionales de acceso a la información que tienen la prensa y los ciudadanos”, denunció Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Según la demanda, el Departamento tiene un deber ministerial de entregar los documentos solicitados, ya que se trata de información pública generada y conservada por una agencia gubernamental. La negativa del DE, sostiene el recurso legal, representa una violación al derecho constitucional de acceso a la información pública, así como a la Ley 141 de 2019 —conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública—. También se alega que este derecho está amparado por instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos.
El CPI argumenta que agotó todas las vías administrativas disponibles y que no existe otro mecanismo efectivo para obtener los informes, lo que justifica la intervención judicial. La organización enfatiza que el acceso a la información pública es esencial para la participación democrática, la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana, especialmente cuando están en juego las condiciones de aprendizaje y seguridad de miles de estudiantes y personal escolar.
Hasta el momento, el Departamento de Educación no ha reaccionado públicamente a la demanda.
