Organizaciones denuncian amenazas a defensores de la naturaleza y retrocesos institucionales en la gestión ambiental
San José (EFE) – Costa Rica, país que alberga alrededor del 6% de la biodiversidad mundial, enfrenta en la actualidad discursos antiambientales que amenazan sus logros históricos en la protección de los recursos naturales, mientras que los ambientalistas denunciaron este jueves, en el marco del Día Mundial del Medioambiente, enfrentar un contexto desafiante.
En años recientes, se ha constatado «el retorno de un discurso antiambiental en la esfera pública, tanto por parte de actores políticos e institucionales, como de organizaciones gremiales y sociales, que plantea al ambiente como un obstáculo para el desarrollo», alertó el más reciente informe Programa Estado de la Nación (PEN), elaborado por el Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas.
Por su parte, el Programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica emitió este jueves, en el marco del Día Mundial del Medioambiente, un pronunciamiento en el que denuncia que entre 1975 y 2020 fueron asesinados en el país 13 defensores del ambiente y que muchos de esos casos siguen impunes.
Además, reconoció la labor de activistas y organizaciones indígenas que han trabajado por proteger el ambiente a pesar de que algunos de ellos han recibido amenazas, incluso de muerte.
«En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra, el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas», indicó Kioscos Ambientales.
El informe del Programa Estado de la Nación alertó que desde el 2022, cuando inició el actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, «se registra un cambio más claro en la narrativa oficial, que se materializa en acciones contrarias al discurso histórico, y en una mayor vulneración del patrimonio natural del Estado».
«Se redujeron y modificaron los límites de un área de conservación y se retiró el apoyo a iniciativas impulsadas por Costa Rica en el mundo. Revivió la discusión sobre explorar gas natural y petróleo, reactivar la minería a cielo abierto y la pesca de arrastre de camarón, y se debilitaron las capacidades institucionales», reseñó el informe.
El documento reconoce que el país ha aumentado su apuesta por la protección de los océanos y destaca la conservación de ecosistemas y biodiversidad como «la gran fortaleza del país», pero advierte que «las capacidades institucionales para la gestión han sido sistemáticamente mermadas y se han abierto nuevos frentes de presión productiva, social, económica y política que debilitan y amenazan esos logros».
«Costa Rica requiere conectar la agenda de desarrollo con la sostenibilidad, y para ello es necesario, entre otras cosas, construir política pública con base en información y visión de largo plazo; aprovechar el cuerpo de herramientas normativas vigentes; una ciudadanía activa y crear vínculos entre los sectores económico, social e institucional», subraya el documento.
La investigación también señala los retos que enfrenta Costa Rica como el uso de plaguicidas, la gestión del agua, la contaminación por plásticos y por la congestión de vehículos, la cobertura forestal, el fortalecimiento del Pago por Servicios Ambientales, así como las acciones para afrontar el cambio climático.
