Javier Colón Dávila
Especial para EyBoricua
San Juan – El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está apostando a una nueva tecnología de registros y a un programa piloto de atención a drogodependientes como herramientas para intentar reducir la cantidad de muertes de confinados en las cárceles del país, indicó esta mañana la secretaria de la agencia, Ana I. Escobar.
Ni el DCR ni organizaciones defensoras de los derechos de los confinados ofrecieron cifras específicas durante una audiencia pública del Senado, pero mientras el Gobierno indicó que la causa principal de muerte sigue siendo la natural, seguida por las intoxicaciones y los suicidios, la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, sí indicó que en el reglón de intoxicaciones la cifra ha aumentado de 11 en el 2017 a 21 confirmadas en el año fiscal 2020-21 y 14 posibles decesos de este tipo.
«Nos preocupa sobremanera el alza en las muertes relacionadas con el uso de sustancias controladas», lee una ponencia firmada por Milagros Watterson, portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado. Según la organización, entre el 2000 y el 2020 han muerto 1,200 confinados, que fueron 81 en el 2021, pero que en 28 casos no hay causa de muerte determinada.
Otro número alarmante es la muerte de 16 sumariados en el año fiscal 2020-2021. Escobar atribuyó esto al mal estado de salud en el que llegan individuos a los centros de ingreso.
“Si bien las muertes naturales han permanecido igual, han aumentado significativamente las muertes por intoxicación del 2017 en adelante”, dijo Rodríguez Veve al recordar que se han cerrado ocho instituciones y que la población penal se ha reducido a la mitad en los pasados cuatro años hasta alcanzar unos 7,000.
El Instituto de Ciencias Forenses, tras analizar 356 reportes de autopsias realizadas entre el 2020 y el 2022, concluyó que la causa de muerte en 70 fue sobredosis por fentanilo.
Escobar, por un lado, reconoció lo difícil que resulta ser para los oficiales correccionales identificar material de contrabando, particularmente el fentanilo, que puede ser ocultado en píldoras y hasta sellos de correspondencia. Para identificar el contrabando de opiáceos, como el fentanilo, el DCR le ha propuesto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la compra de tres máquinas a ser instaladas en cada una de las instituciones para precisamente identificar opiáceos.
La adquisición del aparato diseñado para retratar tanto objetos como el cuerpo humano, está valorado en $8 millones y actualmente en Puerto Rico no hay una tecnología disponible para identificar opiáceos electrónicamente. Por lo pronto, la única manera de identificar la presencia de fentanilo en el organismo de un confinado es mediante pruebas de sangre o durante una autopsia.
“Estamos en el proceso de compra del mejor equipo de registro de personas que será capaz de detectar cualquier contrabando de drogas oculto”, dijo Escobar al anticipar que el equipo podría estar listo para ser utilizado este año, siempre y cuando se haga con celeridad el proceso de subasta en la Administración de Servicios Generales.
“No hay duda de que el proceso de verificación en la entrada es deficiente ahora mismo. Tener un detector de metales y hacer un cacheo no es lo más vigoroso”, ripostó Rodríguez Veve.
En lo que va de cuatrienio se han arrestado a 11 oficiales correccionales y 15 familiares de confinados por contrabando.
La otra estrategia gira en torno a un programa piloto llamado Unidad Transicional de Recuperación de Trastornos Adictivos (TRATA). Se trata de un acercamiento intensivo, a nivel terapéutico y psicológico para confinados que hayan vivido una sobredosis de opiáceos.
No se ofrecieron cifras sobre suicidios, pero Escobar indicó que la privatizadora de salud correccional, Physician Correctional, tiene un protocolo para prevenir el suicidio.
Entretanto, Javier Villalobos, director ejecutivo de Physician Correctional, indicó que el 75% de la población correccional tiene historial de abuso de sustancias controladas.
A preguntas de Rodríguez Veve, trascendió que Physician Correctional cuenta con unos 100 médicos, pero no se precisaron las especialidades. Además, 24 sicólogos, cinco siquiatras para adultos y dos especialistas en menores. Mientras Escobar señaló que la cantidad es insuficiente, afirmó inmediatamente que la población correccional será distribuida de manera que no haga falta la presencia de sicólogos en cada una de las 24 instituciones.
“Todo miembro de la población correccional tiene que pasar por cernimiento médico en el área física, mental y dental. Eso se hace en los primeros siete días del confinamiento de una persona. Durante la evaluación médica, el médico determina si requiere o amerita alguna intervención porque está en crisis de salud mental o recibe tratamiento”, afirmó Escobar.
En cuanto a métodos de contrabando, el coronel Giovanni González, del DCR, afirmó que su principal dolor de cabeza son las naves no tripuladas (drones). De otra parte, trascendió que el DCR tiene 16 perros olfateadores para 24 instituciones y dos de menores, aunque se planifica comprar 12 más en o antes de julio.
“Las naves no tripuladas es el tema de mayor preocupación. Estamos en conversaciones con algunas compañías que hemos identificado para ver si podemos implementar un sistema de detección por radar o bloqueo de señal. Estamos buscando esa tecnología y ver si con regulación federal se puede implantar en las instituciones”, afirmó González al reconocer que se han instalado rejillas en las ventanas de algunas instituciones para impedir que objetos sean introducidos utilizando drones.
“El drone llega a la ventana a donde se quiere entregar y la persona lo ocupa”, intervino Escobar.
