Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua
Dos días luego de publicada la pesquisa de EyBoricua, en la que revelamos cómo Moisés Sánchez Loperena, expresidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT), instaló una casa rodante y se apropió de más de 30 pies de playa en la comunidad de Joyuda, Cabo Rojo, la dirección de la agencia ha asumido una estrategia cargada de evasivas y no ha emitido declaración alguna sobre esta controversia.
A las dos de la tarde de hoy, EyBoricua conversó con la señora Cora, oficial de comuniciones de ACT y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quien dijo que para las 3:30 ya contaríamos con una reacción de parte de la dirección ejecutiva de la agencia «que ya está lista, necesita aporbación». Y pasaron las 4:30 y las 5:30… y nunca llegó comunicación alguna.
La agencia tampoco ha respondido si el señor Sánchez Loperena cuenta con la confianza del director ejecutivo de ACT, ingeniero Edwin González Montalvo, si será objeto de alguna pesquisa administrativa, debido al delicado puesto que ocupó como director de la Junta de Subastas. Nada. Ni pio. Evasivas. Una tras otra.
De otra parte, en la mañana de hoy le escribimos un mensaje de texto al teléfono celular del señor Sánchez Loperena para que reaccionara a la información que consigna nuestro reportaje.
“Buenos días, Señor Sánchez Loperena. Mi nombre es Marcos Pérez Ramírez, periodista de EyBoricua.com. Cuatro horas antes de publicar nuestra noticia, canalizamos mediante los oficiales de prensa y comunicaciones del DTOP/ ACT una petición para reacción de la agencia y de su parte, en relación con la información que publicamos en la noche de anteayer. Le pongo esta nota pues ha pasado el tiempo y ACT no responde. Conseguí su celular y le escribí para decirle que estamos disponibles para tomar su declaración”, lee el mensaje que le enviamos al señor Sánchez Loperena.
Por su parte, ayer el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) advirtió mediante una comunicación escrita enviada a EyBoricua que “habrá consecuencias según los hallazgos que se determinen”, tras anunciar que el departamento “encaminó una investigación amplia sobre unas reclamadas violaciones a las leyes ambientales que protegen la zona marítimo terrestre en el área de Joyuda, en Cabo Rojo”.
Anaís Vega, secretaria interina del DRNA, reaccionó ayer en la tarde a la noticia publicada por EyBoricua en la que reportamos cómo el señor Moisés Sánchez Loperena instaló una casa rodante y se apropió de más de 30 pies de playa en el kilómetro 13.7, carretera PR-102, en la comunidad de Joyuda, luego que su empresa Blue Bay Village LLC obtuviera un permiso con visos de ilegalidad de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre.
“La investigación debe aclarar si, como parece, una estructura rodante de alrededor de 30 pies está ubicada en la ZMT y, además, no permite el acceso público a la playa. Igualmente, se investigará si el DRNA otorgó una concesión a dicha estructura, y bajo qué [sic] condiciones y quiénes intervinieron para otorgarla”, advirtió la secretaria interina en su comunicación oficial.
Asimismo, durante la mañana de ayer, la secretaria interina conversó con el periodista Julio Rivera Saniel, en el programa Pegaos en la Mañana, transmitido por Radio Isla 1320, sobre esta controversia y ya había adelantado “que se trata de una instalación realizada por Moisés Sánchez Loperena, expresidente de la Junta de Subastas de Carreteras y que podría ser ilegal”.
Asimismo, el DRNA entregó copia del permiso de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre que se le otorgó a la empresa propiedad de Sánchez Loperena, firmado por el exsecretario Licenciado Rafael Machargo el 21 de febrero de 2021.
El documento de concesión vs el estado actual del predio
El punto número 12 de las condiciones establece que “durante la vigencia de esta Concesión no se podrá efectuar modificaciones, ampliaciones, alteraciones o reconstrucciones, que puedan implicar una mayor área de ocupación en los terrenos de dominio público marítimo terrestre, sin que media una autorización previa por escrito del Departamento” (Subrayado del documento original)
Las fotos que publicó EyBoricua evidencian una posible violación al permiso concedido a Blue Bay Village, ya que se construyó una verja de aluminio que aísla a la playa de la carretera PR-102 y el humedal vecino, así como una terraza en madera que termina en el mar.
“La verja de ciclon fence no se puede construir. Tiene que ser una verja de madera por la que puedan discurrir especies por debajo, que migran entre la playa y el humedal que está detrás, como cangrejos, cangrejos hermitaños, aves, etc. Asimismo, están usando más de 29 pies de la zona marítimo terrestre como estipula el permiso, que no permite la construcción de ese deck. Todos los cambios, como la construcción de la verja, el deck, requieren otra autorización. Eso no parece que sucedió aquí. Otro aspecto importante es que tanto la descripción de la empresa, como lo que evidencian las fotos recientes es que no están claros que los usos que se le dan a la concesión estén relacionados al recurso agua y sí a un alquiler vacacional a corto plazo”, advirtió el Arquitecto Pedro Cardona Roig, exvicepresidente de la Junta de Planificación.
El permiso de concesión que obtuvo la empresa de Sánchez Loperena también exige que debía pagar “$907.20 anuales por los derechos aquí concedidos”. Sin embargo, la comunicación escrita oficial del DRNA no explica si se han efectuado estos pagos, como tampoco establece si Blue Bay Village tiene una póliza de responsabilidad pública de $500,000 que “aseguren al Departamento [DRNA] y al gobierno de Puerto Rico contra toda responsabilidad por daños a la propiedad, y por lesiones corporales, incluyendo lesiones corporales o muerte ocasionada de toda actividad del Concesionario en los terrenos objeto de esta concesión”.
