Resoluciones legislativas apuntan a un proyecto de construcción de Alturas de Fairview Development Corp. en terrenos que vecinos describen como área verde comunitaria; entre los árboles afectados figuran palmas reales, guayacanes y ceibas
Por Víctor Alvarado Guzmán
Asesor Ambiental, PIP
Una nueva controversia relacionada con la tala ilegal de árboles en terrenos colindantes con hogares y una quebrada en la Urb. Villas de Cupey en San Juan, llevó a la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes a presentar resoluciones legislativas para investigar la legalidad, el cumplimiento ambiental y los procesos administrativos asociados al proyecto de construcción de viviendas impulsado por la empresa Alturas de Fairview Development Corp.
Las medidas legislativas (RS 537 y RC 728) ordenaría una pesquisa sobre los expedientes administrativos identificados como 2021-384891-PCOC-032141 y 2026-675501-PCT-PSI-300849, relacionados con una propuesta de lotificación y trabajos de limpieza en terrenos ubicados entre la calle Eternidades y la carretera PR-845.
El reclamo de investigación surge en respuesta a denuncias formuladas por residentes y por la Asociación de Propietarios de Villas de Cupey, quienes sostienen que los terrenos objeto de desarrollo fueron concebidos originalmente como un parque pasivo y área verde para uso comunitario dentro del diseño original de la urbanización.
Según los residentes, cualquier transformación sustancial del espacio podría alterar la planificación histórica del sector y afectar la calidad de vida y seguridad de cientos de familias que han utilizado el área como zona de amortiguamiento ambiental, protección comunitaria y uso recreativo durante décadas.
Asimismo, el carácter original de los terrenos como posible área recreativa o parque comunitario podría implicar consideraciones jurídicas adicionales relacionadas con la protección de espacios destinados al uso colectivo y al bienestar público.
Falta de participación comunitaria
Uno de los principales señalamientos de la comunidad es la alegada ausencia de procesos adecuados de consulta pública y participación ciudadana antes de que avanzaran los trámites relacionados con el proyecto.
Vecinos de Villas de Cupey han argumentado que los residentes colindantes y las organizaciones representativas del sector no han sido debidamente notificados ni informados sobre el alcance de las propuestas ni sobre los posibles efectos que estas tendrían en la movilidad, la seguridad y la infraestructura de la comunidad.
Las resoluciones presentadas en el Senado y la Cámara de Representantes recogen estos planteamientos y establecen la necesidad de examinar si las agencias gubernamentales involucradas cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Preocupación por impactos ambientales
Las preocupaciones de los residentes van más allá de los aspectos urbanísticos.
El área incluye una quebrada y un sistema natural de drenaje que históricamente ha servido para canalizar las aguas pluviales de la urbanización. Según los denunciantes, trabajos de desmonte, relleno o construcción podrían alterar esos patrones naturales de escorrentía y aumentar riesgos de inundaciones, erosión y sedimentación.
La controversia adquirió mayor relevancia luego de denuncias sobre la tala de árboles y remoción de vegetación en el lugar durante mayo de 2026.
De acuerdo con la información recopilada por la comunidad, entre los días 13 y 14 de mayo habrían sido taladas ilegalmente más de veinte palmas reales y alrededor de quince árboles adultos de guayacán. Otro gran número de árboles de Ceiba fueron arrasadas y los residentes sospechan que fueron afectadas con algún químico.
En una visita al área, asesores de las oficinas legislativas del PIP pudieron corroborar que parte del material vegetativo y de los troncos talados o arrancados fueron depositados cerca de la quebrada Cepero o dentro de la misma. Esta obstrucción a la quebrada, además de una posible violación de ley, pudiera afectar a las comunidades cercanas en momentos de lluvia o tormentas.
Como resultado de estos eventos, vecinos del área radicaron las querellas 2026-70-701-01295 y 2026-70-701-01405 ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), solicitando una investigación sobre los trabajos realizados en el terreno.
Posteriormente, legisladores del PIP presentaron peticiones formales de información tanto al DRNA como a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), con el propósito de obtener los expedientes relacionados con el proyecto y conocer las acciones tomadas por las agencias gubernamentales.
La documentación entregada por el DRNA incluye informes preparados por el Cuerpo de Vigilantes. Según el contenido de dichos informes, los agentes constataron impactos a árboles y la utilización de maquinaria pesada en el área objeto de controversia. Aún se espera por los documentos de OGPe.
Es crucial y urgente que biólogos del DRNA realicen una inspección en el área, documenten las violaciones a leyes y reglamentos, se impongan multas, se paralice cualquier obra en la cuenca hidrográfica y se exija la restauración del área.
La resolución legislativa advierte que, de corroborarse las alegaciones de los residentes y los hallazgos preliminares contenidos en los informes gubernamentales, podrían existir posibles incumplimientos con diversas leyes ambientales vigentes en Puerto Rico.
Entre ellas figuran la Ley de Bosques de Puerto Rico, la Ley sobre Política Pública Ambiental, el Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto Rico y otras disposiciones reglamentarias cuya fiscalización corresponde al DRNA.
Evidencia técnica y documental
Los reclamos comunitarios han sido respaldados por una extensa recopilación de evidencia que incluye fotografías, mapas históricos, planos de urbanización y una evaluación técnica preparada por la profesora y bióloga Elvira Cuevas, una especialista en ecología.
Esta documentación ofrece elementos suficientes para justificar una investigación legislativa independiente que permita determinar si los permisos, autorizaciones y actuaciones gubernamentales relacionadas con el proyecto se ajustan a la ley.
Mientras las medidas del PIP permanecen referidas a la Comisión de Asuntos Internos en ambos cuerpos legislativos, la controversia continúa creciendo entre residentes que reclaman transparencia, protección ambiental y la acción definitiva del DRNA, y desarrollistas que buscan avanzar con el proyecto propuesto arrasando con un área natural.
