Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
Son la misma gente. De esa manera líderes de la comunidad Ranchos Guayama en Salinas denunciaron que los asesores de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) que buscan ubicar un campo de tiro en su zona son los mismos que estuvieron participando en la otorgación de permisos ilícitos para construir el muro ilegal del edificio Sol y Playa de Rincón.
Alegan que se trata del ingeniero Enrique Santiago, el hidrólogo Ángel Román Más y el biólogo Idelfonso Ruiz, quienes fueron contratados por Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA y quien ahora intenta cambiar el controversial campo de tiro propuesto en Salinas a nombre de PR Shooting Academy, la cual también preside. Los tres contratistas preparan ahora una evaluación ambiental para viabilizar el campo de tiro.
“Estas tres personas estuvieron involucradas con la escandalosa otorgación de permisos en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón. El ingeniero Santiago mintió diciendo que la construcción no tendría un impacto ambiental significativo, para forzar la otorgación de una exclusión categórica; Idelfonso Ruiz fue quien presionó en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para que se otorgara el permiso, escudándose en su puesto en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA); y Ángel Román Más era el asesor del Condominio Sol y Playa, quién casualmente también fue socio corporativo de Idelfonso Ruiz”, denunció José Cora Collazo, portavoz de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
“Era un equipo mortal cubriendo las tres bases, y ahora llegan a Ranchos Guayama”, agregó Cora Collazo.
Para el líder comunitario es altamente sospechoso que el trío de asesores ahora esté interviniendo en los polígonos de tiro que quieren construir en la comunidad de Ranchos Guayama.
“El pasado 10 de octubre sometieron una Solicitud para Certificación de Hábitats Naturales para la Vida Silvestre en OGPe, donde en la primera página admiten que, la excavación de fosas de sobre 10 pies que se hizo en el lugar es ilegal”, comentó José Cora.
Añadió que la comunidad salinense ha hecho esas denuncias consistentemente, y que incluso, el DRNA confirmó varias violaciones hechas por CODEPOLA. “Es altamente sospechoso que el constructor de un proyecto ilegal contrate a personas involucradas en otras acciones ilegales y que de seguro aún tienen contactos en las agencias”, añadió.
Por su parte, Miguel Ángel Rivera, residente de Ranchos Guayama, expresó su consternación sobre la insistencia en mantener viva la posibilidad de construir 17 canchas de tiro al aire libre en su comunidad.
“El DRNA confirmó varias violaciones de ley, la propia documentación del proponente acepta la ilegalidad, la comunidad actuó utilizando los canales correspondientes y logró que el municipio retirara su endoso al proyecto, y hasta solicitó investigaciones en el Senado y la Cámara de Representantes. Incluso, en el tribunal el abogado de CODEPOLA fue multado porque, en un caso judicial que entablaron contra la comunidad, llevan sobre 300 días sin presentar evidencia. Hace rato que este proyecto se debió detener y no permitir que siga el intento por violentar nuestra paz, tranquilidad emocional, seguridad y ambiente”, expresó Rivera.
Los activistas comunitarios aseguraron que están evaluando la documentación sometida en OGPe y que seguirán luchando hasta detener finalmente el peligroso campo de tiro de CODEPOLA.
