La auditoría reveló pagos sin validar, contratación de relacionista sin licencia y facturación excesiva por asesor con múltiples contratos
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Oficina del Contralor de Puerto Rico informó este jueves que una auditoría suya reveló que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) contrató en el año 2021 a una relacionista profesional a pesar de no contar con su licencia para ejercer dicha profesión.
El informe revela, según un comunicado, que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno y la abogada principal del PRITS no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida.
La auditoría detalló que la contratista, que facturó 63.697 dólares en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes.
Esta situación, no obstante, se notificó al presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes.
Por otro lado, la auditoría encontró además que el PRITS no validó los servicios prestados por un contratista en cuya factura de 1.000 dólares incluyó reuniones de trabajo con empleados en fines de semana que no se llevaron a cabo.
Además, a seis contratistas el PRITS le pagó 271.665 dólares sin requerirle, con su última factura, la certificación de deuda y la certificación de deuda del Impuesto Sobre la Venta y Uso, según requerido por el contrato, sin asegurarse que estos no tenían deudas pendientes con el Departamento de Hacienda.
Igualmente, el PRITS contrató los servicios de asesoramiento legal, laboral gubernamental y administrativa, a una corporación de responsabilidad limitada cuyo contratista a su vez tenía contratos con otras siete entidades.
La evaluación de los servicios facturados a las siete entidades entre mayo y junio de 2022, reveló que el contratista facturó un total de 21 a 30 horas diarias en 17 ocasiones, a pesar de que la corporación no contaba con empleados o profesionales que le asistieran.
Esta situación de posible violación al Código Penal y al Código de Ética de la Profesión Legal se refirió al Departamento de Justicia el 24 de junio de 2024 y al Tribunal Supremo de Puerto Rico el 10 de septiembre de 2024.
Ante todo ello, la Contraloría emitió una opinión cualificada contra el PRITS.
La decisión se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
