La auditoría identificó fallas en la evaluación, formalización y administración de servicios profesionales, además de dependencia prolongada de contratistas y falta de transferencia de conocimientos
SAN JUAN (EFE)
La Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega, publicó este jueves el Informe de Auditoría OC‑27‑24 relacionado con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), correspondiente al período del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.
La auditoría, con opinión cualificada de la Contralora, menciona dos hallazgos significativos relacionados con la contratación y el manejo de servicios profesionales en las oficinas de Servicios al Cliente, Recuperación de Agua (ORA) y Recuperación de Agua No Facturada (ORANF).
Uno de los hallazgos señala deficiencias en la formalización y administración de contratos de servicios profesionales y consultivos.
El informe detalla que la AAA otorgó dos contratos por más de 9.6 millones de dólares para servicios relacionados con la optimización de ingresos, manejo de presiones, detección de fugas y apoyo operativo, sin que se realizara el análisis requerido para determinar si los servicios contratados correspondían a funciones de puestos regulares de la entidad.
Además, se evidenció que parte del personal contratado realizaba funciones similares a puestos contenidos en el Plan de Clasificación y Retribución, e incluso trabajaba jornadas equivalentes a empleados regulares, lo cual contraviene la normativa aplicable.
También se identificaron deficiencias en la determinación de peritaje y ausencia de información específica sobre las funciones del personal asignado a los contratos.
El informe advierte que estas deficiencias resultaron en costos adicionales, incluyendo pagos por servicios que pudieron ser realizados por personal interno debidamente capacitado.
Se destacó que algunos contratistas permanecieron realizando funciones de manera continua durante periodos de entre 4 y 16 años, una característica típica de puestos regulares y no de contratos de servicios profesionales.
Asimismo, se identificó que la AAA no realizó análisis económicos que justificaran la conveniencia de la contratación, contrario a lo requerido para asegurar el uso efectivo de los recursos públicos.
Otro de los hallazgos refleja ausencia de transferencia de conocimientos técnicos al personal de la Autoridad, a pesar de que el contrato del 5 de julio de 2022 establecía la obligación de transferir las habilidades requeridas para el manejo de presiones, detección de fugas, entre otras tareas esenciales.
La evaluación reveló que el director de la ORA, quien es empleado de la AAA, es la persona que ha adiestrado al personal contratado para dicha Oficina, desde que el contratista comenzó a ofrecer estos servicios en la AAA.
Además, se identificó que varios de los servicios contratados eran recurrentes y no especializados, y podían ser realizados por personal gubernamental debidamente capacitado.
La ausencia de transferencia de conocimientos impacta la operación, fomenta la dependencia de contratos externos y representa una pérdida de capacidades críticas para la AAA.
La gerencia de la AAA presentó comentarios en los que defendió la necesidad de los contratos y su cumplimiento con la normativa aplicable; no obstante, los hallazgos prevalecen, ya que la evidencia recopilada demostró deficiencias significativas en la evaluación, aprobación y administración de los contratos examinados.
El informe incluye recomendaciones dirigidas a la Junta de Gobierno, al presidente ejecutivo de la AAA y a la directora de Recursos Humanos.
En este contexto, la contralora exhortó a los funcionarios y empleados de la AAA a cumplir con la normativa aplicable y a promover el uso efectivo, eficiente y ético de los recursos del Gobierno.
«Una administración pública sólida depende del fortalecimiento continuo de los controles internos y de la fiscalización adecuada de los contratos de servicios profesionales», concluyó Vega.
