El informe detalla los efectos financieros adversos de las querellas, mayormente por acoso laboral, hostigamiento sexual y discrimen político-partidista
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó este lunes un informe especial sobre los efectos adversos en las finanzas del Gobierno de las querellas radicadas por funcionarios, que suman un total de 595 contra 27 entidades.
Las querellas están relacionadas con los despidos, las acciones disciplinarias u otras transacciones de personal por motivos político-partidistas, de acoso laboral y de hostigamiento sexual, contra funcionarios y empleados de las tres ramas de Gobierno y las corporaciones públicas.
El informe reveló que 27 entidades de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Corporaciones Públicas, tenían 595 querellas.
El estudio, realizado del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, reflejó que se resolvieron 521 querellas de 20 entidades por $101,177.
Quedan por resolver 65 querellas de 12 entidades por $429,000 y cinco querellas por $141,949, que fueron detenidas por la ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Del análisis de la información solicitada a 159 entidades, el 64% de los motivos de las querellas era por acoso laboral, el 33% por hostigamiento sexual y el 3% por discrimen político-partidista.
Además, el 56.8% de los querellantes era del género femenino y el 22.4% masculino. El 1.3% de las querellas fueron presentados por grupos de hombres y mujeres, y en el 19.5%, la entidad no suministró información que identifique el género.
El estudio publicó que 117 entidades no tuvieron querellas para el periodo analizado pero, de estas, 21 informaron que tenían demandas.
Las entidades que no certificaron ni entregaron los documentos solicitados son la Alianza Municipal para el Desarrollo Económico (Coamo), la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Comunidades Especiales), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Senado y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño.
Por otro lado, la Autoridad de Puertos completó la información requerida pero no entregó la certificación ni los documentos de las querellas y el Departamento de Educación y el Negociado de la Policía no completaron algunas partes de la información requerida.
A raíz de estos resultados, la OCPR le recomendó al secretario de Justicia que oriente a los funcionarios principales de las entidades sobre los efectos adversos que tienen las acciones que se toman contra los funcionarios y empleados por motivos político-partidistas, hostigamiento sexual y acoso laboral.
Este estudio también le recomienda a los secretarios, directores, jefes, administradores, juntas administrativas y funcionarios principales de las entidades a considerar los resultados y a observar el fiel cumplimiento de la ley y de los reglamentos en la administración del personal.
