San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) informó que un análisis suyo reveló que el Departamento de Hacienda pagó $1.9 millones a personas y entidades relacionadas al turismo que no cumplían con los requisitos para acceder a fondos de emergencia por el Covid-19.
Según detalla el análisis OC-24-31, aprobado el 25 de enero pasado y publicado en la página web de la OCPR, los pagos, hechos en el año 2020, surgieron luego de que la entonces gobernadora Wanda Vázquez creara el Comité de Supervisión de Desembolsos.
Dicho grupo es presidido por el director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera de Puerto Rico, Omar Marrero, y entre los funcionarios que también están es el pasado secretario de Hacienda, Francisco Parés.
La función del comité es establecer controles estrictos para asegurar que todos los gastos y desembolsos cumplieran con los requisitos y las condiciones establecidas en la Ley Cares, que proveía fondos para cubrir los gastos incurridos en EE.UU. y sus territorios, incluyendo a Puerto Rico, a causa de la pandemia.
Del informe de la OCPR se desprende que se realizaron supuestos pagos indebidos por $1.9 millones a tres personas y seis entidades, cuyas identidades no fueron reveladas.
Ante ello, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara, José Rivera Madera exigió este martes al gobernador Pedro Pierluisi, en un comunicado de prensa, que «fije responsabilidades» por el hallazgo y señalando que esta acción podría corresponder a un posible acto de corrupción gubernamental.
«Este asunto debe llegar hasta las últimas consecuencias y que los protagonistas, tanto de la Compañía de Turismo y del Comité de Supervisión de Desembolsos, como los recipientes de estos beneficios adquiridos de forma ilegal, sean procesados, y que se les obligue a devolver hasta el último centavo», exigió.
Ante ello, pidió a Pierluisi a que «haga lo correcto y fije responsabilidades y no se haga cómplice con su silencio».
«En momentos donde de todavía no arranca la recuperación de Puerto Rico tras los desastres naturales, la posibilidad de que se haya beneficiado ilegalmente a allegados del gobierno, es un acto reprochable y una muestra más de la ineficiencia gubernamental para otorgar y fiscalizar los fondos de recuperación», enfatizó.
Rivera Madera aseguró que dará especial prioridad a estos señalamientos y que espera que tanto el gobernador, como su equipo rindan cuentas al país sobre a lo que «a todas luces constituye la comisión de un delito por corrupción».
Marrero, por su parte, indicó en un comunicado que dicho informe pretende verificar si los fondos federales para la industria del turismo en Puerto Rico se distribuyeron de acuerdo con las Guías del Programa para la Asistencia de la Industria Turística.
Y, según prosiguió explicando Marrero, luego de que la Compañía de Turismo de Puerto Rico confirmara las entidades elegibles bajo su jurisdicción, cada organización elegible tenía que solicitar mediante la plataforma de SURI, que cumplían con los requisitos establecidos para la subvención de emergencia.
Una vez aprobado el desembolso, se procedía a la firma de los contratos por las partes.
Marrero, no obstante, sostuvo que el informe, «en cuestión, habla de ‘contratos’, cuando en realidad se trata de acuerdos de transferencia».
Dicho acuerdo «es un documento en el cual la entidad recipiente acepta cumplir con todos los términos y condiciones de la subvención federal», abundó.
Marrero, a su vez, explicó que el Comité de Supervisión de Desembolsos «es un administrador de los fondos» y que «una vez los fondos llegaran al recipiente o beneficiarios, éstos entraban en relaciones contractuales con distintos suplidores y demás para atender sus distintas necesidades».
