Por Sandra D. Rodriguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – La vista preliminar contra los seis manifestantes que fueron arrestados en La Parguera el verano pasado durante una manifestación cerca de la caseta de los familiares de la comisionada residente, Jennifer González, continúa hoy en el Tribunal de Mayagüez. Los seis manifestantes que recibieron una fianza global de sobre $500,000 protestaban por la destrucción del ambiente y el robo de los espacios de dominio público por los invasores precaristas. La vista preliminar comenzó en diciembre y se reanuda hoy hasta el viernes.
Este caso se cataloga como uno de los más peligrosos y absurdos de represión política que se hayan visto en Puerto Rico en décadas porque hasta el momento, el Estado no ha presentado videos que sustenten la presencia de los imputados en los delitos que se les imputa. Además, los fiscales hasta ahora ocultaron las pruebas exculpatorias a propósito, mientras siguen estirando un proceso altamente irregular.
Los manifestantes golpeados por oficiales de la Policía, como se ve en los vídeos, y acusados son Iona Fournier Gómez ($200,000 de fianza); Imalay Arroyo Surita ($100,000 de fianza más grillete); Pedro Amengual Gutiérrez ($100,000 de fianza y grillete); Francheska Vélez Ramírez ($75,000 de fianza). A Juan Edil Rodríguez González y a Sheila Mejías Luciano les impusieron $50,000 de fianza a cada uno. Mejías Luciano es la esposa del activista Eliezer Molina.
Los hechos se remontan al 9 de julio de 2023, cuando más de un centenar de oficiales de Operaciones Tácticas y otras unidades de la Policía de Puerto Rico arrestaron a ocho manifestantes que protestaban por el daño de las construcciones ilegales al mangle de la reserva natural de La Parguera. La jueza del Tribunal de primera Instancia de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa para arresto e impuso una fianza global de sobre $500,000. Por declaraciones juradas esta jueza, identificada por su activismo político con el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), impuso fianzas más altas que las impuestas a asesinos y pedófilos en ese mismo tribunal.
Dos días después del arresto de los manifestantes, para el 11 de julio, la Unidad de Crímenes Cibernéticos de la Policía ya había descargado vídeos de varias páginas de Facebook y de Wapa TV, según testificó en sala esta semana el oficial de la Policía Dennis Martínez. El 20 de julio de 2023 fue la vista de Regla 6 donde acusaron a los manifestantes por diversos delitos.
Casi tres meses más tarde, el lunes 30 de octubre, comenzó la vista preliminar ante la sala de la jueza Geysa Villanueva, quien se ocultó ante el pueblo al prohibir que las cámaras de transmisión del Poder Judicial que se enfocaran en ella. Fue en el testimonio de un policía cuando los abogados de defensa se enteraron de que en ninguno de los vídeos que presentó la Fiscalía aparecían los acusados.
Esto significa que la Fiscalía tuvo en su poder prueba exculpatoria contra los acusados y no la dio a la defensa como exige la ley y reglamentos. El jueves 2 de noviembre los abogados de defensa pidieron la desestimación, pero el caso sigue.
Los fiscales en este caso son Andrés Rodríguez Bonilla, Rosa Acevedo González y Vanessa Rivera Miranda, quienes responden a la fiscal de distrito, Blanca Portela, quien, a su vez, ha estado al frente de sobre 30 otros casos contra manifestantes en la zona oeste y todos los ha perdido.
Los manifestantes tienen uno de los equipos de defensa más sólidos en caso alguno en años recientes. Ese equipo se compone por los abogados Gabriel Olivieri Miranda, Óscar Martínez Borrás, Carlos Torres Viada, Carlos Padilla Montalvo, José Silva Riollano, Javier Santiago Santos y José Auffant.
El Departamento de Recursos Naturales y autoridades federales han estado investigando la destrucción ambiental en La Parguera, pero hasta ahora no han radicado cargos contra los invasores del mar (precaristas) que han rellenado la zona para seguir construyendo casetas en esa reserva natural durante décadas.
