San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJPR) conmemora este 2023 los 75 años de la ley que autorizó la operación regulada de las salas de juego y las tragamonedas en la isla, siendo la segunda jurisdicción estadounidense en tener casinos.
«Con la aprobación de la Ley 221 de 15 de mayo de 1948, se estableció en Puerto Rico el marco legal para salvaguardar la transparencia en los juegos de apuestas, mediante la regulación», indicó el director de la CJPR, Jaime Rivera Emmanuelli, en un comunicado.
El funcionario indicó que el propósito de la legislación fue fomentar la actividad turística en la isla mediante la autorización de los casinos y las máquinas tragamonedas, tal y como se estila en los centros de diversión de los destinos turísticos del mundo.
«Este objetivo se cumple constantemente si consideramos que la isla cuenta con un creciente catálogo de ofrecimientos turísticos, al que recientemente se han sumado los juegos y apuestas deportivas a distancia», agregó.
Después de Nevada, en 1931, Puerto Rico fue la segunda jurisdicción en Estados Unidos en aprobar legislación para tener casinos.
«El marco legal viabilizó la creación de una industria formal, fiscalizada por el Gobierno, con miras a asegurar a los turistas y a los locales las mayores garantías de pureza de los juegos. Por otra parte, la regulación permite que estos hagan importantes aportaciones al fisco», destacó Rivera Emmanuelli.
De acuerdo con este, al presente, la industria cuenta con 18 casinos.
Los fondos que generan son distribuidos entre los casinos, el Gobierno central, los programas educativos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Departamento de Hacienda y la Compañía de Turismo.
Durante los pasados 10 años (2013-2023), el Gobierno recibió un total de $1,369 millones.
De esos, la UPR ha recibido en este tiempo $619 millones, Hacienda $212 millones y Turismo $537 millones.
«La Comisión de Juegos, como organismo regulador, vela por el cumplimiento de los procedimientos de licenciamiento, supervisión y fiscalización de los casinos, las tragamonedas y las apuestas deportivas», explicó Rivera Emmanuelli.
Ante ello, indicó que cada casino debe contar con una licencia para poder operar.
«De este modo, establecemos un buen balance entre la libre operación de los casinos y los intereses del Estado y su gente», dijo.
