La medida autoriza $66.5 millones para una escuela en Aguadilla y fortalece operaciones de seguridad marítima en el Caribe
SAN JUAN, Puerto Rico – El texto final de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2026, dado a conocer esta semana por el Congreso de los Estados Unidos, incluye una serie de disposiciones significativas para Puerto Rico, según informó la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA). La medida será sometida a votación en la Cámara de Representantes esta misma semana.
El proyecto, que autoriza $901,000 millones en fondos para la defensa nacional, representa un aumento de $8,000 millones con respecto al año anterior y contempla mejoras estructurales y operacionales en las fuerzas armadas, así como en la seguridad nacional. Entre las prioridades del texto se destacan medidas contra amenazas extranjeras, mejoras en los procesos de adquisiciones y beneficios directos para el personal militar, incluyendo un aumento salarial de 3.8%.
Para Puerto Rico, el impacto directo se concreta en varios frentes, siendo el más destacado la inclusión de $66.5 millones para el reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen, Aguadilla. Según PRFAA, este proyecto ya contaba con fondos asignados previamente, pero ahora queda oficialmente autorizado bajo la nueva legislación.
“Seguimos impulsando y dando continuidad a las gestiones de la gobernadora González Colón, quien apoyó este proyecto desde su tiempo en el Congreso”, señaló Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de PRFAA.
Además, se extiende hasta el 1 de octubre de 2026 la autorización para la construcción de los Talleres de Ingeniería y Mantenimiento en el Centro de Entrenamiento de Maniobras Conjuntas Camp Santiago, en Salinas. El proyecto, valorado en $14.5 millones, fue originalmente autorizado en la NDAA de 2023 y financiado por la Ley Consolidada de Asignaciones del mismo año.
Otro componente clave del paquete legislativo es la inclusión de la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, que extiende la financiación y programas de esta rama hasta el año fiscal 2027. El texto contiene lenguaje redactado originalmente por la gobernadora Jenniffer González Colón durante su trayectoria legislativa, con un enfoque particular en fortalecer las capacidades operacionales en el Caribe.
Entre las disposiciones más relevantes para Puerto Rico se incluyen:
- Sección 7119: Requiere un plan anual del Comando de la Guardia Costera, en coordinación con los Departamentos de Estado y Defensa, para fortalecer operaciones en el Caribe. El plan debe evaluar necesidades de personal, logística e infraestructura para mejorar la seguridad marítima regional.
- Sección 7202: Amplía la transparencia operacional al requerir que la Guardia Costera publique mensualmente estadísticas detalladas sobre interdicciones de drogas y migrantes, incluyendo cantidades, tipos de drogas y ubicaciones geográficas de los incidentes.
- Sección 7218: Autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a adquirir tecnologías avanzadas de vigilancia marítima para las operaciones de la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), incluyendo el Sector San Juan en Puerto Rico.
“Garantizar que nuestros hombres y mujeres en la Guardia Costera y CBP tengan acceso a herramientas vitales para detectar e interceptar a narcotraficantes y contrabandistas de personas antes de que lleguen a nuestras costas es una prioridad”, expresó la gobernadora González Colón en declaraciones tras la aprobación del proyecto.
Con esta legislación, Puerto Rico consolida su rol estratégico en la seguridad nacional de Estados Unidos, al tiempo que asegura inversiones clave en infraestructura militar y en la vigilancia costera de la región.
