Nueva York, 5 ago (EFE) – La delegación demócrata de Nueva York en el Congreso de EE.UU. pidió a la fiscal general de este estado, Letitia James, que investigue si fondos de alto riesgo con millones de dólares en bonos en Puerto Rico usaron información privilegiada para su beneficio durante el proceso de reestructuración de la deuda pública de la isla, en su detrimento.
El grupo, que incluye a los congresistas puertorriqueños Alexandria Ocasio Cortez, Nydia Velázquez y a José Serrano, así como a Carolyn Maloney y Adriano Espaillat, pidió en una carta a la fiscal Letitia James que investigue alegaciones de que esas empresas han manejado información privilegiada, lo que violaría la Ley Martin, que regula delitos financieros.
«Aunque los fondos alto riesgo han cerrado acuerdos generosos y ganado miles de millones de esta crisis, ahora parece que su codicia puede haber llevado a algunas instituciones financieras de Nueva York a tomar acciones ilegales», indicó Ocasio Cortez, crítica de la gestión de la crisis de deuda de Puerto Rico, en un comunicado divulgado por su equipo.
Los congresistas se refirieron en su misiva a acusaciones de que un comité de tenedores de bonos presuntamente tomó posiciones públicas que redujeron el precio de ciertos títulos de deuda mientras que sus miembros los compraron a precios reducidos y negociaron una propuesta de reestructuración que mejoró sus ganancias.
Los legisladores dijeron en la carta, a la que accedió Efe, que esas transacciones pudieron realizarse sin divulgar adecuadamente los «verdaderos intereses económicos» de los tenedores de bonos, incluidos Aristeia Capital. Whitebox Advisors, Taconic Capital Advisors y GoldenTree Asset Management.
La junta de supervisión financiera de Puerto Rico, que dirige la bancarrota y lidera las negociaciones, declinó hacer comentario, señaló The Wall Street Journal.
Por su parte, un portavoz del grupo de bonistas aseguró a ese periódico que éstos «se adhirieron y respetaron todos los elementos del protocolo de mediación y las restricciones comerciales durante el período en que estuvieron negociando».
Puerto Rico se declaró en bancarrota en 2017 por una deuda de $70,000 millones, las obligaciones de pensiones y una tasa de pobreza superior al 40%, recuerda el diario.
Los bonistas generalmente tienen que revelar el tamaño de sus inversiones en las presentaciones judiciales, pero no siempre se les exigió desglosar qué valores poseían, algo que cambió el pasado mayo cuando el juez federal que supervisaba el caso de bancarrota pidió informes más detallados.
Algunos bonistas más tarde revelaron que poseían bonos que habían dicho públicamente que «no tenían valor» mientras «participaban en conversaciones de mediación confidenciales sobre su reestructuración», indicaron en su carta los legisladores de Nueva York.
Los congresistas piden a la Fiscalía, que ha dicho estar revisando las alegaciones, una investigación «para revelar si algunos fondos de cobertura podrían haber realizado estos intercambios con información no pública obtenida a través de las discusiones de mediación».
