El expresidente colombiano se convierte en el primero en ser sentenciado penalmente en la historia del país
Bogotá (EFE) – El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según una sentencia divulgada este viernes, de manera anticipada.
El documento señala que la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien leerá el fallo a partir de las 14:00 hora local (19:00 GMT), resolvió imponer a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión, una multa de más de 3,400 millones de pesos colombianos (unos $822,000) y además lo inhabilita por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
La jueza también comisiona al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir «la correspondiente boleta de encarcelación» y «proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos».
Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia, aunque su defensa ya anunció que apelará la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.
En la audiencia de lectura del fallo, Heredia había anticipado que, para los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la ley prevé una condena de «un monto superior a cuatro años e inferior a ocho», pero la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1,025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1,458 millones de pesos colombianos (unos $349,000).
Sin embargo, la sentencia supera lo dicho por la propia jueza y la petición hecha por la fiscal Orjuela, lo que ha causado sorpresa en el país, que espera en la lectura de la sentencia de este viernes la argumentación de la togada.
Diez más dos
La sentencia, de más de 1,100 páginas, fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir por la participación de varias personas, lo que equivale a un total de 120 meses o 10 años.
«Como quiera que esta conducta se cometió en concurso homogéneo, fueron tres testigos de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco», por lo que, agrega la sentencia «se aumenta la pena por los dos delitos restantes en 29 meses para un total de 120 meses de prisión».
Por el delito de fraude procesal, la jueza estableció una condena de 104 meses de prisión. Sin embargo, estableció el soborno en actuación penal como el delito base y sumó dos años más en virtud del fraude.
«Se establece que la conducta más grave resultó ser la del soborno en actuación penal que adoptaremos como delito base, y sobre la misma le aumentamos en dos años, en virtud del delito de fraude procesal, por ello, la pena en definitiva le queda tasada en 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión», se lee en la sentencia.
La condena y sus repercusiones
En la audiencia del lunes, que por más diez horas acaparó la atención del país, la jueza consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un «fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal».
Además de los dos delitos por los cuales fue condenado, Uribe -a quien Heredia calificó como «el hombre más poderoso del país»- fue absuelto de un tercero, de soborno simple.
Todo como parte de un proceso que él mismo inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que recibió la demanda, decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
