Miami, EE.UU. (EFE) – Aileen M. Cannon, nacida en Cali (Colombia) y nombrada en 2020 por el entonces presidente Donald Trump (2017-2021) para un puesto de juez en los tribunales federales del Distrito Sur de Florida, es la encargada del caso de los documentos clasificados, pero no será quien lea los cargos al exgobernante este martes.
Aunque el magistrado Jonathan Goodman presidió la lectura de acusación, Cannon, que tiene orígenes colombianos y cubanos, tendrá la autoridad para revisar la decisión del juez a petición de cualquiera de las partes, según recoge la televisión hispana Telemundo.
Según medios, Cannon fue seleccionada al azar para este caso entre cuatro jueces federales en el sur de Florida.
Nacida en Cali, en 1981, Cannon estudió en Estados Unidos en la Universidad Duke (Carolina del Norte) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.
La jueza comenzó su carrera como asistente del juez federal de apelaciones en Iowa, y luego en las oficinas de Gibson, Dunn & Crutcher, una firma de abogados de élite con sede en Washington D.C., detalla el citado medio.
En 2013, Cannon regresó a Florida, donde comenzó su trabajo como fiscal federal en el Distrito Sur de Florida en las divisiones de delitos mayores y apelaciones.
Con fuertes vínculos con la comunidad hispana del sur de Florida, Cannon se convirtió en el centro de atención en septiembre pasado, cuando supervisó los procedimientos judiciales que el FBI encontró en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.
En su fallo, Cannon denegó al Departamento de Justicia de EE.UU. una moción para continuar revisando e investigando material incautado en Mar-a-Lago, al tiempo que nombró al juez Raymond Dearie, antiguo magistrado principal del tribunal del distrito con sede en Brooklyn, como perito independiente.
Por su decisión de aceptar la designación de un perito independiente para revisar los documentos hallados en Mar-a-Lago, como pidió Trump, Cannon recibió numerosas críticas.
Pero más tarde, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito (en Georgia) «rechazó rotundamente los fallos anteriores de Cannon a favor de Trump», puntualizó ayer MSNBC.
Trump, que el año pasado lanzó su campaña como candidato para las elecciones de 2024, tuvo ayer una cita con la justicia en Miami para ser notificado de las 37 acusaciones que un gran jurado le imputó por supuestamente haber retenido y ocultado documentos secretos en su casa de Florida.
De los 37 cargos de los que debe responder, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.
Los otros son por conspiración para obstruir la justicia, ocultación de manera «corrupta» de un documento o registro, ocultar un documento en una investigación federal, plan para ocultar y declaración y representación falsas.
Según el documento de 49 páginas que recoge la acusación, los delitos más graves que se imputan a Trump, como obstrucción a la justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta $250,000 y los menos graves, como conspiración para ocultar, con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.
La investigación, que lidera el fiscal especial Jack Smith, se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en Mar-a-Lago.
Allí, el FBI encontró más de 11,000 documentos oficiales, entre los cuales había un centenar catalogados como secretos o «ultrasecretos».
