SAN JUAN, Puerto Rico – La discusión sobre el Proyecto de la Cámara 1557, que busca regular los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, ha encendido el ánimo tanto de las comunidades afectadas como de grandes jugadores de la industria como Airbnb.
La medida ha sido el eje de un debate que no solo aborda la economía turística, sino el tejido social y la identidad cultural de Puerto Rico.
El proyecto, impulsado por el representante José «Cheíto» Rivera Madera y respaldado por el representante Joel Sánchez Ayala, propone que la Compañía de Turismo reglamente este tipo de alojamientos, estableciendo estándares como planes de manejo de emergencias, detectores de humo y monóxido de carbono, así como la restricción de actividades que congreguen a grandes números de personas.
La comunidad de la Calle Loíza y otros grupos interesados se manifestaron hoy frente al Capitolio, exigiendo justicia legislativa en la regulación de los alquileres a corto plazo.
El llamado de los ciudadanos es claro en su conjunto de reclamaciones, enfatizando la protección de la comunidad y su cultura, el reconocimiento de los alquileres como comercios, la vivienda como un derecho, y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Estas demandas reflejan un profundo deseo de regulación equitativa que preserve la identidad de Puerto Rico mientras se abraza la innovación y el progreso económico.
Mientras, Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas y Comunicaciones para el Caribe y Centroamérica de Airbnb, afirmó en sus declaraciones que su compañía se alinea con el objetivo de una regulación que equilibre las necesidades de todas las partes interesadas.
Destaca la contribución económica significativa que el turismo de alquiler a corto plazo ha aportado a la isla, argumentando que la medida fomentará un crecimiento económico sostenible y equitativo.
Compartió estadísticas y perspectivas de la empresa durante su testimonio ante la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico:
- El 92% de los anfitriones de Airbnb en Puerto Rico residen en la isla, y más del 50% son mujeres.
- Casi el 20% de los anfitriones pertenecen a la tercera edad, y el 85% gestiona solo 1 o 2 anuncios.
- El 30% de los anfitriones utilizan sus ingresos de Airbnb para cubrir necesidades básicas y llegar a fin de mes.
Además, destacó el impacto económico significativo de la plataforma:
- Se proyecta que para 2024, el gasto de los visitantes que usan Airbnb supere los $8,000 millones.
- El gasto de huéspedes en 2023 apoyó directamente al PIB de Puerto Rico con $872.4 millones y contribuyó a la creación de 24,000 empleos.
- Por cada $10 gastados en alojamiento, se generaron $55 adicionales en gastos locales.
Muñoz afirmó que Airbnb está comprometido con el desarrollo de una regulación inclusiva que proteja tanto a los emprendedores locales como a las comunidades y que su plataforma ha implementado tecnologías de inteligencia artificial para prevenir fiestas no autorizadas y molestias en los vecindarios.
Resaltó que medidas como el Proyecto de la Cámara 1557 son cruciales para un crecimiento ordenado y responsable del turismo interno y la derrama económica en toda la isla.
«La regulación no tiene que ser punitiva. Al contrario, una ley bien construida puede acoger, proteger, simplicar, incentivar, y ayudar a un sector. Ese es precisamente el modelo de ley que esta legislatura tiene ante sí. El PC.1557 es un ejemplo de cómo el Estado puede cumplir con sus funciones de monitorear, scalizar y balancear los varios intereses de la sociedad a través de un modelo legislativo moderno e innovador que promueve el cumplimiento, la fiscalización y la sana convivencia», dijo.
Con la comunidad clamando por la protección de su calidad de vida y Airbnb abogando por una regulación que respete su modelo de negocio, el debate sobre el Proyecto 1557 promete ser un punto de inflexión para la industria turística y la vida comunitaria en Puerto Rico.
La vista pública de hoy, dirigida por la senadora Ada García Montes, podría ser crucial para el futuro del hospedaje a corto plazo en la isla.
El Proyecto 1557, que había recibido un apoyo mixto en la Cámara de Representantes, enfrenta ahora la lupa pública y la responsabilidad de equilibrar los intereses económicos con el bienestar social.
