La Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras pidió excluir la Ley 75-1995 de la lista de estatutos que serían derogados por el Proyecto de la Cámara 1213
Organizaciones comunitarias, planificadores y otros deponentes objetaron el Proyecto de la Cámara 1213, que busca crear una nueva ley de permisos, al advertir que la medida afectaría el bienestar de comunidades, reduciría mecanismos de participación ciudadana y podría debilitar protecciones ambientales y de seguridad pública.
Los señalamientos se hicieron durante el cuarto día de vistas públicas de la Comisión Especial para Atender el Proyecto de la Cámara 1213, presidida por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
Elba Leticia Collazo, en representación de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, solicitó que se enmiende la medida para excluir la Ley 75-1995, conocida como la “Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras”, de la lista de estatutos que serían derogados con la aprobación del proyecto.
“La Ley 75 no regula permisos ni constituye obstáculo al desarrollo económico; por el contrario, facilita coordinación y planificación estratégica. Se trata de una legislación especial diseñada para atender las necesidades particulares de Río Piedras mediante un modelo de planificación integrada, coordinación gubernamental y participación ciudadana. Contempla y establece incentivos para nuevos comercios, reconociendo la importancia de las PYMES locales como motor económico”, dijo Collazo.
La líder comunitaria calificó como “reduccionista” entender que la derogación de esa ley beneficiaría a Río Piedras.
“Por el contrario, implicaría ignorar el trabajo voluntario, sostenido y visionario de quienes por años han organizado, ejecutado y pensado el Río Piedras que aspiramos construir”, añadió.
Collazo sostuvo que las comunidades coinciden con la necesidad de agilizar procesos gubernamentales y permisos, pero advirtió que eliminar la ley que permitió articular esas capacidades no resolvería los problemas del sistema y pondría en riesgo avances alcanzados tras décadas de esfuerzo colectivo.
Méndez Núñez afirmó que, al tratarse de una ley que no otorga permisos, sino que crea un fideicomiso para atender a comunidades ubicadas cerca del casco de Río Piedras, “no vemos necesario que tenga que estar incluida en este proyecto de ley”.
El Sindicato de Bomberos, representado por su presidente, José Tirado García, también expresó reparos a la medida. Advirtió que, según radicada, “se debilita la intervención técnica y preventiva del Cuerpo de Bomberos, por lo que Puerto Rico corre el riesgo de repetir errores que ya costaron demasiadas vidas”, en referencia al incendio del Hotel Dupont Plaza, ocurrido el 31 de diciembre de 1986, que cobró más de 96 vidas y dejó 140 heridos.
Tirado García reconoció aspectos positivos del proyecto, como “la intención de establecer mayor trazabilidad digital, la aspiración de uniformar criterios y la creación de mecanismos de supervisión y auditoría”, pero sostuvo que “la sustitución del inspector público por el inspector certificado y la fiscalización posterior a la otorgación de un permiso, sin un proceso preventivo de incendios, puede costar vidas”.
A preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, Tirado García denunció que, actualmente, en muchos casos los bomberos encuentran violaciones durante reinspecciones en establecimientos que ya cuentan con permisos de operación. Según dijo, cuando el inspector señala las violaciones, en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) el caso sale del sistema y el inspector no vuelve a verlo.
“Por eso nosotros estamos sumamente preocupados en que la seguridad del Estado pase a manos privadas”, expresó.
El presidente del sindicato indicó que el Cuerpo de Bomberos cuenta con 120 inspectores certificados organizados en 12 distritos en toda la isla, lo que permite una cobertura territorial que fortalece la capacidad de respuesta y fiscalización.
Tirado García solicitó que se establezcan límites claros a la certificación privada que realizarían los profesionales autorizados, que se reconozca expresamente al inspector de prevención de incendios del Estado como figura esencial e indelegable en materias de seguridad humana y protección contra incendios, y que se prohíba utilizar la agilización administrativa para reducir requisitos mínimos de seguridad.
El representante Joel Franqui Atiles planteó que la pieza debe enmendarse para “ponerle garras”, de modo que haya consecuencias para profesionales autorizados que evadan la ley o emitan certificaciones falsas a sabiendas para otorgar permisos. También sugirió que las sanciones no sean solo económicas, sino que puedan afectar sus licencias como profesionales autorizados, ingenieros o arquitectos.
El planificador Hernán Morales Ramírez, en representación del Colectivo Interdisciplinario de Profesionales, sostuvo que, aunque el proyecto “representa el esfuerzo legislativo más ambicioso en materia de planificación y permisos en décadas”, afecta 72 leyes y elimina 15, por lo que “suscita preocupaciones de carácter estructural que no pueden ser ignoradas”.
Morales Ramírez argumentó que la medida busca “centralizar el poder decisional en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), reducir los mecanismos de participación ciudadana y desmantelar en masa el andamiaje jurídico construido durante décadas sin la evaluación individualizada que cada estatuto merece”.
Ante ese señalamiento, Méndez Núñez le solicitó que presentara un informe con alternativas para que Puerto Rico pueda tener una economía próspera y competitiva.
El planificador Luis Jorge Rivera Herrera también objetó el proyecto y sostuvo que la medida está “basada en un informe falto del mínimo rigor, con premisas infundadas y fuera de contexto que tergiversan los hallazgos de los únicos dos estudios a los que se hacen alusión”.
Rivera Herrera señaló que el estudio del World Bank Group utilizado por el task force de permisos, que ubica a Puerto Rico en el escalafón 143 de 195 países en la categoría de otorgación de permisos, contiene una advertencia de que sus hallazgos y conclusiones no necesariamente reflejan la visión de la organización y que la entidad no garantiza la exactitud de los datos incluidos.
También indicó que el reporte del Fraser Institute de 2022, citado por el grupo de trabajo sobre libertad económica, fue usado “fuera de contexto”, al colocar en igual categoría de poca libertad económica a Puerto Rico y California, mientras establece que Haití posee mayor libertad económica que la isla.
Rivera Herrera planteó que el proyecto socava facultades legislativas mediante el artículo 10.28, relacionado con el reconocimiento de designaciones por leyes especiales.
Méndez Núñez rechazó ese planteamiento y le pidió una rectificación para efectos del récord legislativo.
“Nosotros no estamos renunciando. Eso es lo que se pretende en el proyecto de ley, pero nosotros estamos en la evaluación del proyecto. Así que corrija la premisa porque la premisa es equivocada. El proyecto de ley dispone eso, pero el proyecto de ley va a sufrir muchos cambios, si finalmente se aprueba”, expresó Méndez Núñez.
Rivera Herrera sostuvo, además, que la medida “debilita y trivializa los procesos de planificación integral sobre usos de terrenos y el de cumplimiento ambiental”, al confundirlos con el proceso de evaluación de permisos de construcción y operación para establecer una empresa.
El planificador afirmó que la pieza permitiría modificar administrativamente límites y reducir la extensión de áreas naturales protegidas, además de reducir terrenos de dominio público en la zona marítimo terrestre, lo que describió como una privatización de playas para efectos prácticos.
También sostuvo que el proyecto choca con la Constitución al privilegiar el desarrollo económico basado en el disfrute de la propiedad privada por encima del bien común.
“La Constitución no dispone que el derecho al disfrute de la propiedad privada es absoluto, por lo que el desarrollo económico no puede estar equilibrado o al mismo nivel y menos, tener prioridad sobre la protección del interés público. Esa es la base de este proyecto de ley que pretende privilegiar y poner por encima el interés del desarrollo de la propiedad privada sobre el bienestar general de todo el pueblo de Puerto Rico”, dijo Rivera Herrera.
Durante la vista también comparecieron Sea Grant, la Coalición Pro-Corredor Ecológico del Noreste y el presidente de la firma de consultores de permisos Osvaldo Ortolaza, quienes presentaron recomendaciones como parte del proceso legislativo, que no excluye posibles enmiendas.
En los trabajos de la audiencia pública participaron los representantes José “Pichy” Torres Zamora, José “Cheito” Hernández Concepción, Omayra Martínez Vázquez y Héctor Ferrer Santiago.
