MOCIVEA alega dilación y entrega fragmentada de información solicitada bajo la Ley Federal de Libre Información
ARECIBO, Puerto Rico – Comunidades del municipio de Arecibo denunciaron a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) por presunta falta de transparencia, dilación injustificada y entrega fragmentada de información relacionada con la contaminación generada por el Vertedero de Arecibo, operado por la empresa Landfill Technologies of Arecibo.
Según el comunicado emitido por el Movimiento Ciudadano Pro-Cierre del Vertedero de Arecibo (MOCIVEA), la alegada contaminación impacta directamente a comunidades aledañas y a la Reserva Natural del Caño Tiburones, que, de acuerdo con un informe de la propia EPA, recibe alrededor de 25 millones de galones de lixiviados al año producto de las operaciones del vertedero.
La organización indicó que en junio de 2024 solicitó formalmente a la EPA acceso a documentos relacionados con la operación del vertedero, incluyendo resultados de muestras de agua, suelo, aire y lixiviados, así como informes de monitoreo ambiental. La solicitud se realizó bajo la Ley Federal de Libre Información (FOIA, por sus siglas en inglés)y, según MOCIVEA, la agencia se comprometió a entregar dicha información durante una reunión con la comunidad.
No obstante, más de seis meses después de la última solicitud, la EPA solo habría remitido una cantidad limitada y fragmentada de documentos, lo que las comunidades interpretan como un obstáculo para conocer la magnitud real de la contaminación.
“El envío de información a cuentagotas es inaceptable y constituye una forma de obstaculizar el derecho de las comunidades a conocer la magnitud de la contaminación que las afecta y a tomar decisiones informadas para proteger su salud”, expresó el licenciado Miguel Sarriera Román, representante legal de la comunidad.
Sarriera Román sostuvo además que no existe evidencia de una supervisión efectiva durante la última década, lo que, a su juicio, representa una anuencia con el incumplimiento de la orden judicial emitida en 2014. “Esa inacción ha permitido que continúe operando, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y el medioambiente. No se trata de errores administrativos, sino de una falla grave del deber ministerial de fiscalizar y proteger la salud pública”, afirmó.
Por su parte, la presidenta de MOCIVEA, Deliris Agosto, señaló que el vertedero lleva décadas en incumplimiento de leyes ambientales estatales y federales, incluso luego de una orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2014 por violaciones a la Ley de Aire Limpio. Agregó que, pese a múltiples señalamientos bajo la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) y la Ley Federal de Agua Limpia (CWA), la instalación continúa operando sin que se haya hecho público un plan de cierre claro, completo y verificable.
Agosto también indicó que, aunque el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Municipio de Arecibo han anunciado en diversas ocasiones el cierre del vertedero en o antes del 31 de diciembre de 2027, las comunidades no han recibido el plan de cierre ni un plan de mitigación con participación comunitaria.
En abril de 2025, el alcalde de Arecibo informó que el cierre del vertedero estaba “encaminado” tras la contratación de una firma de ingeniería. Sin embargo, según las comunidades, hasta la fecha no se ha divulgado ningún documento ni calendario oficial que sustente dicho anuncio.
El Vertedero de Arecibo comenzó operaciones en 1973 y, de acuerdo con el comunicado, su impacto ambiental y en la salud humana se ha extendido por décadas. Comunidades como Garrochales, Factor 2 y Cercadillo han estado expuestas por generaciones a posibles contaminantes, sin que se haya realizado un estudio formal de salud pública que evalúe las consecuencias de dicha exposición.
Ante este escenario, MOCIVEA exigió al Departamento de Salud de Puerto Rico y a la Agencia Federal para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) la realización inmediata de un estudio de salud pública transparente y participativo, que permita identificar riesgos, documentar daños y establecer medidas de protección y remediación para los residentes.
