Residentes y líderes comunitarios advierten sobre el impacto negativo de la medida en el desarrollo social y económico del área
San Juan, Puerto Rico – Diversos grupos y sectores amparados en la Ley 75-1995 de Río Piedras han manifestado su enérgica oposición a la reciente carta circular emitida por el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, que ordena la paralización de admisiones de nuevo ingreso en 64 programas académicos en varios recintos de la institución.
Esta decisión, que podría traducirse en un cierre de facto de dichos programas, pone en riesgo la calidad educativa de la principal universidad pública del país y amenaza el futuro de miles de estudiantes, docentes y la comunidad en general.
«El Recinto de Río Piedras no solo representa un centro de conocimiento, sino también una posibilidad de desarrollo comunitario, ya que encarna un impacto social en los más vulnerables», señaló Channiel Peñaloza, portavoz estudiantil de los Grupos de Ley 75. Destacó la colaboración de la Facultad de Educación en proyectos de acompañamiento a escuelas aledañas y las iniciativas del Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), donde estudiantes de diversas disciplinas impulsan el desarrollo comunitario integral, la participación ciudadana y la organización comunitaria.
Jackie García, presidenta de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, enfatizó: «Los programas educativos no se miden en números, sino en las posibilidades que ofrecen de transformar vidas e impactar comunidades». Añadió que la propuesta de cierre de estos programas académicos no debe verse solo como una acción administrativa, sino que responde a una ideología que prioriza el mercado por encima del bienestar, con implicaciones profundas en las comunidades que acompañan.
Andrea Bauzá, presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, afirmó que los grupos comunitarios, avalados por la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras de 1995, continuarán conversaciones con la UPR a través de CAUCE para asegurar la inclusión de más estudiantes en sus comunidades.
Las comunidades de Río Piedras instaron al presidente Ferrao, y a la rectora del recinto, Angie Varela, a reconsiderar esta decisión y a abrir un espacio de diálogo genuino con la comunidad universitaria y la sociedad civil, con el fin de encontrar soluciones alternativas que no impliquen la supresión de programas académicos fundamentales para el bienestar colectivo y comunitario.
Además, hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales y universitarias, como la Junta de Gobierno, a priorizar el interés colectivo y abordar con seriedad y urgencia las condiciones que aquejan a la comunidad, tales como la falta de residencias estudiantiles, la carencia de alimentación adecuada y accesible, y los altos costos de matrícula.
Las comunidades de Río Piedras reiteran su compromiso con la defensa de la Universidad de Puerto Rico como un bien colectivo y baluarte para sus comunidades.
