Residentes y organizaciones ambientales denuncian que nuevas asignaciones y cambios regulatorios podrían extender la operación de la carbonera en Guayama y agravar los daños a la salud y al ambiente
GUAYAMA, Puerto Rico
Organizaciones ambientales y residentes del sur de Puerto Rico acusaron este sábado al Gobierno de Jenniffer González de favorecer la continuidad de la planta de carbón AES en Guayama y de encaminar a las comunidades cercanas a otros 25 años de exposición a cenizas y contaminación.
La denuncia surge luego de que las comunidades conocieran que el Departamento de Energía federal aprobó $164.5 millones para la instalación. Según los grupos, al sumar otras partidas, el total destinado a la modernización y operación continua de la planta asciende a $819.9 millones.
“Este proyecto podría extender la operación de la carbonera no por cinco años, como se le ha querido hacer creer al pueblo de Puerto Rico, sino por 25 años adicionales”, denunció Felícita Burgos, de la Red Continental Cristiana por la Paz.
La abogada ambiental Ruth Santiago sostuvo que también se impulsan cambios a reglamentaciones de la Agencia de Protección Ambiental federal que, a su juicio, beneficiarían a AES y reducirían mecanismos de vigilancia sobre el manejo de cenizas y la contaminación del agua.
“Se pretende eliminar los informes sobre el manejo de cenizas y el monitoreo del agua contaminada en Guayama, donde la propia AES ha admitido que contaminó el Acuífero de la Costa Sur sin poder descontaminarlo”, afirmó Santiago.
Los grupos también denunciaron que el proyecto de modernización ha provocado otros impactos ambientales, entre ellos el dragado de la bahía Las Mareas y el depósito de material de dragado que, según alegan, contiene cenizas tóxicas en la comunidad Cimarrona de Guayama.
Gabriel Meléndez Cardona, abogado y coordinador de política pública de El Puente de Puerto Rico, sostuvo que continuar con la quema de carbón perpetúa un modelo que, según expresó, ha colocado a comunidades del sur en una “zona de sacrificio”.
“Nos preocupa grandemente que se siga perpetuando la quema de carbón y de combustibles fósiles en Puerto Rico, mientras se ignoran los reclamos de años de las comunidades afectadas”, manifestó.
Víctor Alvarado, del Comité Diálogo Ambiental, aseguró que en Cimarrona se depositaron “montañas” de material procedente del dragado de la bahía Las Mareas y alegó que el depósito se realizó sin notificación a la comunidad, sin permisos y sin controles de polvo fugitivo ni erosión.
Cathy Rivera, residente de Cimarrona, acusó a AES y al Gobierno de exponer diariamente a la comunidad a ese material.
“Es un atropello lo que la gobernadora y la AES están haciendo con nuestra comunidad. Ella incumple con su deber beneficiando a una empresa privada que está destrozando nuestra salud y nuestro ambiente”, expresó.
Las organizaciones aseguraron además que la presencia de cenizas de AES se ha documentado en al menos 13 municipios de Puerto Rico, incluidos Humacao y Peñuelas, además de solares y construcciones que, según denunciaron, no han sido identificados.
Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, pidió a la ciudadanía reclamar responsabilidad a los funcionarios que respaldaron la legislación que extendió la quema de carbón y a la gobernadora que la firmó en marzo de 2025.
“Es un trato inhumano, particularmente para las comunidades cercanas a la planta”, afirmó.
Myriam Gallardo, de la organización Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, cuestionó la falta de acción de las autoridades y emplazó al alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina, y a la Legislatura Municipal a pronunciarse.
“¿Cómo es posible que se siga beneficiando económicamente a una planta que ha dañado la salud de la población? ¿Es que las empresas tienen más valor que la vida de las personas para esta administración?”, cuestionó Gallardo.
Las comunidades reclamaron además que la gobernadora, legisladores y el secretario de Salud, Víctor Ramos, visiten la zona cercana a la planta de AES para conocer de primera mano las condiciones que denuncian.
Los grupos responsabilizaron directamente a la actual administración por cualquier extensión de las operaciones de la carbonera y sostuvieron que prolongarlas por 25 años adicionales representaría una violación a derechos fundamentales de las comunidades cercanas.
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