SAN JUAN, Puerto Rico – Un informe de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) ha sacado a la luz deficiencias significativas en la gestión de infraestructura y equipos escolares por parte del Departamento de Educación. El documento revela un avanzado estado de deterioro en las estructuras de la Urban Elementary School of Guaynabo y la Escuela Superior Vocacional de Guaynabo, donde se encontraron numerosos equipos y materiales abandonados.
Durante varias inspecciones oculares realizadas entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, la OIG identificó un manejo deficiente de las instalaciones, con falta de mantenimiento evidente. La Escuela Superior Vocacional, en particular, nunca recibió estudiantes y se utilizó como almacén durante más de 15 años.
En la Escuela Superior Vocacional se hallaron equipos electrónicos, material de oficina, y numerosos libros de texto sin usar y deteriorados. La mayoría de estos materiales, adquiridos por el Departamento de Educación, nunca fueron distribuidos ni utilizados, resultando en un desperdicio considerable.
Una inspección del teatro de la Urban Elementary School of Guaynabo mostró que la estructura está en condiciones deplorables y totalmente inservible. Los problemas detectados incluyen riesgos para la salud, una puerta de seguridad destruida, filtraciones en el techo, y la presencia de animales muertos, entre otros.
Además, se encontraron envases vacíos de bebidas alcohólicas y parafernalia relacionada con sustancias controladas, así como una notable acumulación de basura en los alrededores. El informe también menciona un estimado de daños causados por el Huracán María en 2018, valorados en $895,427.00, pero ni la AEP ni el Departamento de Educación asumieron la responsabilidad por la rehabilitación de las estructuras.
En la Escuela Superior Vocacional de Guaynabo, las inspecciones revelaron pasillos obstruidos, filtraciones en los techos, y presencia de hongos y plagas, señalando una negligencia continuada en el mantenimiento de las instalaciones.
Este informe plantea serias preguntas sobre la administración y el uso de fondos públicos en el mantenimiento de las estructuras educativas en Puerto Rico, y sugiere la necesidad de una acción inmediata para abordar estos problemas críticos.
